La Unión General de Trabajadores solicitó el pasado mes de mayo que se abordara la problemática que para el personal laboral temporal, especialmente el que desempeña tareas de tipo asistencial en centros con pocos usuarios, la mayoría educativos, genera el cambio en la política de contratación de este personal derivada de una reciente sentencia judicial que en la práctica supone tener la obligación de indemnizar conforme al Estatuto de los Trabajadores, a todos aquellos empleados que sean cesados por amortización de puesto de trabajo siempre que la empresa tenga otros puestos de la misma categoría vacantes.

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