La Federación de Servicios Públicos de UGT y el Área Pública de CCOO se han dirigido por carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para demandar la convocatoria, de manera inmediata, de la Mesa General de la Función Pública mientras se tramita el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Ante la nueva perspectiva de recuperación económica que se apunta desde el Gobierno, ambas organizaciones exigen que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 comiencen a reconocer y a compensar el esfuerzo que todo el personal público de este país ha asumido durante estos últimos años. Consideran que es el momento de retomar la negociación para que el personal de las administraciones públicas pueda iniciar también el camino de la recuperación de las condiciones laborales y económicas perdidas a lo largo de los últimos años. 

Para UGT y CCOO, la actitud del Gobierno en materia de negociación colectiva en el sector público ha vuelto a demostrar la escasa o nula voluntad de negociación, incluyendo en el proyecto de ley de presupuestos cuestiones que ni siquiera el día anterior en una Mesa General fueron capaces de anunciar, como por ejemplo, elevar la tasa de reposición en los servicios esenciales del 20 al 50%.

UGT y CCOO rechazan de forma contundente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en todo lo relacionado con la defensa del empleo público, servicios públicos y condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en la Función Pública, ya demandaron en el mes de julio el inicio de dicha negociación y presentaron en ese momento su plataforma reivindicativa, que se basaba en la recuperación e incremento del empleo público; el restablecimiento de los derechos económicos y sociales recortados de manera injusta en estos años de crisis; el reconocimiento e impulso a la negociación colectiva en todos los ámbitos del sector público; el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); y el giro necesario en la política del Gobierno en la dirección de la consolidación y fomento del Estado social y de derecho del que los servicios públicos y su personal son garantes. Los ejes de dichas reivindicaciones, que hoy siguen vigentes, eran:

1)   Perspectivas de creación de empleo, que permita la prestación adecuada de los servicios públicos: criterios que deberá contener la norma presupuestaria en materia de empleo público para garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad. Eliminación de la tasa de reposición

2) Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años, así como un incremento salarial adicional. Concreción de la forma de recuperación íntegra, en el año 2015, de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, con carácter básico. En los últimos cinco años, las empleadas y empleados públicos han sufrido una pérdida de poder de compra de entre un 17 y un 24%.

3)  Acuerdo sobre el inicio inmediato de negociaciones para establecer criterios mínimos para el conjunto de las administraciones públicas en materia de desarrollo del EBEP (carrera profesional, evaluación del desempeño, movilidad interadministrativa, personal directivo, etc.), que sirvan de orientación a la negociación que debe desarrollarse en cada ámbito.

4)   Recuperación del carácter de norma básica del EBEP, estableciendo su regulación como norma mínima que, en los diferentes ámbitos de negociación, pueda ser libremente adaptado y/o mejorado.

5)    Recuperación de los cauces y medios de negociación rotos durante estos años, recuperando con ello el papel que establece el EBEP (mesas generales, comisiones negociadoras, ámbitos sectoriales, etc.) para los foros de negociación, haciendo con ello del diálogo social en el ámbito del empleo público el eje de su necesaria modernización y dignificación.

El pasado mes de julio, el secretario de Estado de Administraciones Públicas admitió a los sindicatos que “había mimbres” para el desarrollo de la negociación, dada la nueva situación económica, y se comprometió a impulsarla con tiempo suficiente.

Sin embargo, ese compromiso no se ha visto reflejado ni en reuniones de la Mesa General ni en el proyecto de ley de presupuestos. Por ello, UGT y CCOO siguen exigiendo la convocatoria inmediata de la Mesa General para cumplir con el deber de negociar bajo el principio de buena fe que este Gobierno, una vez más, vuelve a incumplir.

Si no se convoca la Mesa General de las Administraciones Públicas, UGT y CCOO se dirigirán a los partidos políticos para que den traslado de sus justas reivindicaciones durante el período de tramitación de la ley.