La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido, junto a CCOO y CSIF, con la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para plantearle las prioridades en materia de empleo público. Como ya sucediera en la reunión anterior con Collado, celebrada el 27 de noviembre, UGT ha valorado la disposición al Diálogo de la Administración. Sin embargo al término de la reunión, Julio Lacuerda, secretario general de la FeSP-UGT, ha manifestado sus dudas respecto a que las demandas del sindicato prosperen y se concreten en medidas efectivas. En todo caso, la Administración se ha comprometido a convocar en un plazo de 15 días la Mesa General de Negociación, una reivindicación reiterada de este sindicato.

UGT ha planteado como prioridades la recuperación salarial; los sueldos de los públicos para 2017 deberían crecer por encima del IPC y recuperar a lo largo de la legislatura el poder adquisitivo perdido en los últimos 5 años (en torno al 13%).

Otro asunto que el Gobierno debe solventar sin demora es la alta temporalidad existente en las administraciones. En el Sistema Nacional de Salud, 170.000 trabajadores se mantienen en situación de interinidad, un 35% del total de la plantilla. En educación pública, uno de cada cuatro docentes de enseñanza no universitaria es interino.

 En este sentido, una vez conocidas las sentencias del Tribunal europeo sobre el derecho a indemnización tras su cese de empleados públicos con contrato de interinidad, entendemos que es necesario que se realicen las modificaciones legales pertinentes para adaptar el ordenamiento jurídico español a la directiva europea, así como para que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recupere muchas de las cuestiones que han sido modificadas o suprimidas unilateralmente en perjuicio de los empleados públicos.

La destrucción de empleo en el sector, la precariedad y el envejecimiento de las plantillas son igualmente puntos fundamentales en la agenda de negociación. UGT considera imprescindible que antes de cerrar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno asegure el mantenimiento de los servicios públicos garantizando una tasa de reposición del 100% y unas políticas de empleo público que mejoren la prestación de éstos a la ciudadanía.

Actualmente, las políticas restrictivas del Gobierno, la congelación de la tasa de reposición y unas Ofertas de Empleo Público escasas y mal enfocadas, han contribuido a una situación difícilmente sostenible. El 63% de la plantilla de la AGE tiene más de 50 años. UGT reclama una revisión completa del sistema de distribución de los Recursos Humanos en las plantillas de este colectivo.

También creemos que ha llegado el momento de negociar la Ley de Función pública de la AGE que regule asuntos tan importantes como el desarrollo de la carrera profesional vertical y horizontal, la evaluación del desempeño, así como la  Implantación del teletrabajo y otras medidas de  flexibilidad en los horarios que garanticen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este mismo ámbito (AGE), resulta imprescindible la negociación del IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, con la dotación presupuestaria adecuada para su definitivo impulso y consolidación.

Por otra parte, la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones debería implantarse con carácter básico en todas las comunidades autónomas