La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT se ha concentrado junto a los trabajadores de Justicia, en la mañana de ayer, a las puertas de los Juzgados de Ciudad Real para exigir al Ministerio de Justicia ser escuchados en sus reivindicaciones, entre las que se encuentra, la equiparación salarial de los funcionarios de Justicia que dependen del Estado con aquellos que trabajan en las Comunidades Autónomas que tienen las competencias en esta materia.

Una concentración promovida por los sindicatos representativos en la justicia a nivel nacional, CSIF, STAJ, CCOO y UGT que pide la apertura de la Mesa de Negociación para reclamar que se elimine la importante brecha salarial que sufren en los distintos territorios los funcionarios y funcionarias de Justicia. Una diferencia salarial, que según Josefa Cabellos, delegada sindical de Justicia y responsable de Administración General del Estado en Castilla- La Mancha es tremendamente injusta ya que centros de trabajo dependientes del Ministerio de Justicia (Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla, así como el personal de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado e Instituto Nacional de Toxicología) cobran 500 euros brutos menos al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía.

Asimismo, según ha destacado Cabellos, los funcionarios de justicia  también exigen la apertura de la Mesa de Negociación para atender las reivindicaciones laborales ya que el Ministerio  pretende implantar “a las bravas” la oficina judicial y fiscal, así como del expediente digital, lo que, a su juicio, causaría más problemas que beneficios a la prestación del servicio público al ciudadano.

También se han mostrado contrarios a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial “por los perjuicios que supondrán en las condiciones laborales del personal de la justicia” ya que, entre otros aspectos, la reforma pretende suprimir los actuales centros de destino suponiendo la movilidad forzosa de los funcionarios en sus centros de trabajo.

Otras reivindicaciones planteadas es que la reforma del Registro civil llegue a buen puerto, que se recupere del complemento de los Juzgados de violencia sobre la mujer y se establezcan  complementos en otros órganos especializados, se revise la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto, así como la retribución por insularidad.

Por este motivo, según ha anunciado la representante sindical de UGT, los funcionarios de justicia van a continuar la campaña de movilización entregando una tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los Cuerpos de Justicia, desde Letrados hasta Cuerpos generales y especiales, y que si el ministro, Rafael Catalá, no abre una negociación se convocará una huelga general en Justicia.

No obstante Cabellos se ha mostrado optimista a que se inicien negociaciones con el colectivo de justicia tras el acuerdo firmado por UGT con el Gobierno el pasado 9 de marzo que abre la puerta a la negociación colectiva en cada sector para la mejora de las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos, lo que supondrá una mejora en la calidad del servicio público que recibe el ciudadano.