Los servicios jurídicos del sindicato UGT han considerado un riesgo “innecesario” el planteamiento de aprobar una ley para la aplicación de la jornada laboral de 35 en horas para los empleados públicos en Castilla- La Mancha, ya que consideran que es “idéntico” al que se eligió en 2016 y que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Este hecho fue anunciado tras la reunión de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuestos permiten a las administraciones públicas recuperar la jornada de 35 horas a través de la modificación de los calendarios laborales pero la Ley de Presupuestos fija la jornada en 37,5 horas por lo que cualquier ley que se apruebe en las comunidades autónomas con 35 horas seguiría siendo contraria a la jerarquía normativa y podríamos vernos nuevamente en la misma situación que en 2016”, según ha indicado José Manuel Pinillos.

En este sentido, ha dicho que desde el sindicato no entienden “la necesidad de repetir el mismo en error que en 2016 e ir en contra del ordenamiento jurídico”, ya que esto “supone demorar la recuperación de la jornada de 35 horas y exponerse a una nueva denuncia ante el Constitucional, denuncia que no tiene por qué interponer el gobierno ya que existen otras vías, menos aún cuando es posible volver a la jornada de 35 horas de forma inmediata aplicando lo recogido en el acuerdo estatal firmado por UGT entre otras organizaciones sindicales”.

Desde UGT se ha enviado un escrito a Emiliano García-Page con argumentos jurídicos y el criterio de los servicios jurídicos, instándole a que no repita “el mismo procedimiento que acabó en el Constitucional y utilice la vía recogida en el acuerdo estatal para recuperar de forma inmediata las 35 horas en Castilla- La Mancha”.

En el año 2015 cuando se inició la propuesta de modificación de la Ley que posteriormente fue anulada por el alto tribunal, UGT informó de los riesgos que suponía y presentó un informe jurídico con alternativas que no fueron admitidas. “Nos encontramos en la misma situación de nuevo y parece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende repetir el mismo procedimiento que sabemos como terminó y que a nuestro juicio no tiene ninguna base jurídica”, ha señalado Pinillos.

Desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT y dadas las consecuencias de las modificaciones de jornada y la responsabilidad y el impacto que este tipo de situaciones tienen sobre el personal empleado público de Castilla-La Mancha, se confía “en que se cambie de criterio y el presidente de Castilla-La Mancha dicte instrucciones para aplicar la jornada de 35 horas de forma inmediata sin modificaciones legislativas que la pondrían nuevamente en peligro”.

Junto con la jornada, se ha solicitado al presidente regional en el mismo escrito qué “se aplique la subida salarial, la recuperación del complemento retributivo en situaciones de incapacidad temporal y que se materialice la bolsa de horas de flexibilidad para cuestiones relacionadas con la conciliación que se incorporó al Plan Concilia y que ha sido autorizada por el acuerdo estatal”.