FeSP-UGT se ha reunido este miércoles con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia. Esta situación está  impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.

Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación,  la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas.

UGT ha pedido a la Ministra en funciones que sea sensible a la problemática del sector. Hay que tener presente que un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia. Sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a CCAA)  en residencias, centros de día, atención domiciliaria y la teleasistencia.

UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario, como se viene denunciando desde hace, no llega a los 1000 euros mensuales.

La Ley de Dependencia, que data de 2006, no se ha evaluado en 13 años. Del Consejo Interterritorial del IMSERSO de 2008 salió una resolución que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención (residencias y atención domicilio) para garantizar la calidad del servicio. Este documento debía servir de base a las comunidades autónomas para legislar sobre la materia. No llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se compromete a revisar este trabajo y a evaluarlo.

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN

En diciembre de 2006 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que generó grandes expectativas, tanto para los/as usuarios/as en situación de Dependencia y para sus familiares, como para la generación de empleo, de hecho se publicito como una importante fuente de generación de empleo. Pero 13 años después nos encontramos con que dichas expectativas no se han cumplido, hay un importante porcentaje de personas en lista de espera para atender, y lo que se preveía como un nicho de empleo se ha convertido en un nicho de empleo precario desempeñado entorno al 90% por mujeres, es decir estamos creando pobreza laboral en las mujeres. Hay un elevado porcentaje de contratos a tiempo parcial donde es aún más baja la remuneración mensual de estas trabajadoras. Además la jornada laboral está partida en dos tramos lo que las imposibilita para conseguir otro empleo y completar sus ingresos.

En la actualidad las trabajadoras  y trabajadores están sufriendo no solo unos recortes abusivos tanto en derechos como en salarios, sino también una sobrecarga de trabajo físico y mental, que conlleva enfermedades diversas. Además ante la falta de personal no siempre pueden dedicar el tiempo necesario a cada usuario/a, lo que sin duda repercute en la calidad del servicio prestado, algo que entendemos que usted debe conocer como Administración responsable de la prestación de un servicio público, y de la vigilar la calidad del mismo.

Este sector, además de tener salarios precarios sufre la congelación de mejoras laborales desde hace más de 10 años. En la actualidad está abierta la negociación del VIII Convenio Colectivo Estatal, pero la firma del VII supuso un parón en materia de recuperación de derechos, cuya negociación duró 26 meses con el mismo bloqueo de las Patronales y las mismas excusas. Tal es así que quedó denunciado el mismo día de su firma para sentarse a negociar el actual. En apariencia todas las partes queríamos que este convenio supusiera una mejora del sector tanto en derechos y condiciones laborales como en salarios, en la práctica nos encontramos con una propuesta inicial de la patronal absolutamente regresiva en derechos, una realidad bien distinta a la prevista, el escenario actual de bloqueo de la negociación es el descrito anteriormente.

La propuesta conjunta realizada por los sindicatos, entre los cuales se encuentra FeSP-UGT, ha puesto sobre la mesa de negociación del VIII convenio una propuesta para mejorar tanto los salarios, cumpliendo el AENC (1000 euros brutos  mensuales), como las condiciones laborales. Propuesta que ha sido rechazada por la patronal sin realizar una propuesta alternativa, lo que muestra su negativa a la negociación y su voluntad de mantener la situación actual.