Valoramos muy positivamente los pasos que desde el gobierno socialista se están dando pasos para prevenir y acompañar a las víctimas de violencia genero, así como para modificar la legislación de acuerdo con el convenio de Estambul o los pasos dados por otros países europeos para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento sexual expreso. Sin embargo, consideramos que es fundamental hacer un esfuerzo para afrontar los déficit de un sistema que muestra errores fundamentales cuando las victimas siguen siendo asesinadas, no encuentran la ayuda necesaria o viven laberinticos procesos para protegerse y proteger a sus hijos e hijas del agresor.

Desde FeSP UGT recordamos que en la macroencuesta realizada en el 2015 se señalaba que de toda la violencia que sufren las mujeres en España sólo llega a conocimiento de la justicia un 28,5%, que haya un 65% de violencia oculta . Del  81% de las mujeres que han comentado alguna vez que están sufriendo violencia a familiares, amigos, vecinos, a las personas de su entorno, a profesores, a tutores, a algún profesional socio sanitario y sólo el 2% de las denuncias tienen su origen en los familiares. Un 13% tiene su origen en los informes socio sanitarios.  El 8% de las mujeres que retiran la denuncia lo hacen porque no sienten que se les vaya a creer.

La preocupación por la violencia que se ejerce hacia las mujeres se ha hecho extensiva a una gran parte de la sociedad, pero son los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública los que deben responder a la  prevención, seguridad, educación y acompañamiento de las víctimas, así como a la persecución del delito  y para ello deben contar con la formación, los recursos y los cauces legales necesarios para desempeñar su función. Desde el ámbito educativo, sanitario, judicial, servicios sociales o seguridad es fundamental que exista una coordinación eficaz tanto de la información como de la continuidad del proceso. Los trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a esta realidad cada día, están concernidos tanto profesional, como moral y éticamente ante este gravísimo problema. Pero en muchas ocasiones se encuentran con las barreras tanto de recursos, como de coordinación con otros servicios o de formación. Por esto volvemos a reiterar la urgencia de la correcta aplicación de medidas que no pueden esperar:

-Formación de profesionales en violencia de género.

-Herramientas para hacer valoraciones de riesgo, adecuadas para proteger a la victima.

-Coordinación y comunicación adecuada entre las administraciones.

-Asesoramiento previo de la víctima antes de la denuncia

– Hacer efectivo el acompañamiento al que se refiere la Ley del Estatuto de la Víctima a través de trabajadores sociales o psicólogos que puedan ofrecer la asistencia psicológica necesaria.

– Dotación presupuestaria para las oficinas de atención de las víctimas.

– Unidades de valoración integral forense en todas las provincias.

-Guardias en todos los juzgados de violencia de género para la realización de las valoraciones integral forense en caso de situaciones de riesgo.

– Presupuestos adecuados para que se le asista a la víctima antes, durante y después del procedimiento y al margen del procedimiento.