UGT ha denunciado la privatización del servicio de atención telefónica de cita previa con un aumento del 67% frente al mismo servicio prestado por la Agencia Tributaria directamente. Ante esta situación, UGT ha pedido la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la Agencia Tributaria para aclarar esta situación.

El pasado 20 de octubre se publicó el concurso para la privatización del servicio de atención telefónica de cita previa. Los datos publicados por el Gobierno indican que la privatización de este servicio tendrá un coste total de 2.086.000 euros, ofreciendo 119.200 horas anuales de atención telefónica.

UGT ha mostrado su sorpresa y preocupación a la vista de estas cifras, puesto que según datos de la propia Agencia Tributaria, el coste de llevar a cabo, en las mismas condiciones, la prestación de este servicio por trabajadores de la propia Agencia ascendería únicamente a 1.247.246 euros anuales.

Esta diferencia, entre el coste por prestar el servicio directamente por la Agencia y el coste por privatizarlo, asciende a 838.754 euros anuales. Esto supone un exceso de gasto para la Agencia de un 67%, y un beneficio extraordinario muy rentable e incomprensible para la empresa adjudicataria del servicio.

Por otro lado, el número de empleados contratados por parte de la empresa en caso de prestación del servicio sería de 68 trabajadores, mientras que por el importe del contrato que se quiere adjudicar (2.086.000 euros) la Agencia Tributaria podría contratar un total de 120 trabajadores.

La Agencia dispone de 1.000 empleados fijos discontinuos, que no requieren formación porque ya son trabajadores de la propia Agencia, y que podrían ampliar su jornada y trabajar todo el año por un coste muy inferior al de la empresa privada.

El responsable de UGT-AEAT ha declarado: “No podemos consentir que la Agencia despilfarre el dinero de los contribuyentes en un nuevo pelotazo para algún amigo. Desde UGT defendemos la contratación de 120 empleos públicos, frente a los 68 que se proponen, y todo esto con el mismo coste. El Gobierno de nuevo pretende la explotación de los trabajadores a costa del dinero de los contribuyentes.”

Por su parte, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha anunciado que va a proceder a hacer una pregunta parlamentaria para exigir aclaración y, en su caso, rectificación sobre esta cuestión.