Desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la FeSP reclamamos que se aborden reformas muy concretas en aquellas políticas públicas relacionadas con la defensa de los trabajadores y trabajadoras, así como la defensa del estado de bienestar social y las políticas de protección social (salud, educación, vivienda, servicios sociales, empleo, …), y de forma muy especial tengan en cuenta a los ciudadanos y las ciudadanas más afectados por la crisis y que más sufren cada día la exclusión socio-económica, para que los derechos sociales y las leyes de igualdad de trato y oportunidades, dejen de estar solo en el papel y se conviertan en una realidad objetiva.

Defendemos una sociedad inclusiva, donde se respete y potencie el bien común a través de la defensa de lo público y donde se de reconocimiento y se trabaje desde la diversidad y por la igualdad de todas las personas. Las políticas neoliberales están instaladas en unas premisas culturales y económicas que normalizan y justifican situaciones de exclusión, no solo concebida esta en términos económicos sino de participación y reconocimiento social, sin considerar dichas situaciones como inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos  e incompatibles con el principio de justicia social.  Estas premisas o contravalores, afectan tanto al sistema económico, en tanto que se justifica desde él la existencia de la pobreza y el incremento de la desigualdad, como al sistema socio-político, en tanto que de forma irresponsable se viene utilizando un  discurso que culpabiliza a aquellas personas y familias que han sido excluidos, como si dependiera solo de factores individuales o de  los mecanismos y fluctuaciones del mercado, eludiendo toda responsabilidad pública por parte del Estado y sus instituciones. Y por tanto, consideramos que no se trata de suplir las deficiencias de un sistema socio-económico injusto a través de servicios asistenciales o caritativos, sino del reforzamiento y mantenimiento de unos servicios públicos que garanticen el principio de igualdad y justicia, acorde a la legislación de un Estado democrático.

Por último, como sindicato de clase reclamamos que la política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es, sin ninguna duda, la creación de empleo y el mantenimiento de la calidad del mismo, puesto que para que el trabajo sea la principal herramienta de inclusión y participación debe garantizar la cobertura de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y sus familias, y eso solo es posible desde la garantía un empleo digno, estable y con un salario justo. De lo contrario, más que ser un medio, el empleo precario puede ser el inicio de la situación de exclusión social.

Por todo ello solicitamos desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la FeSP que todos los PARTIDOS POLÍTICOS que optan en las elecciones de 26 de junio a ejercer la representación de la ciudadanía en el próximo Gobierno, tanto si logran la representación mayoritaria, como si fuera necesario establecer pactos de gobierno, tengan en cuenta las siguientes reivindicaciones

  • Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del protocolo adicional de 1998. En España  no están reconocidos los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales de la persona (alimentación, salud, a la vivienda digna, suministros básicos y a la participación en la vida cultural)  y por tanto no disponen de las consiguientes garantías de protección preferente que diseña la Constitución. Se encuentran, y no todos, en el marco de los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III de la Constitución de 1978, y su efectividad depende de que se haya dictado la correspondiente norma de desarrollo y de que existan disponibilidades presupuestarias. Pedimos igualmente la derogación del  artículo 135 (modificado en 2011) que deja supeditados los derechos sociales y económicos al control del déficit ypago de los intereses de la deuda.
  • Atención prioritaria a la infancia. Exigimos medidas transversales en educación, sanidad, etc., para apoyar a la infancia en general y especialmente a la infancia en situación más vulnerable. Tras los años de crisis y recortes sucesivos se ha incrementado la pobreza, especialmente en los menores de edad lo que supone una vulneración directa de los derechos de los niños y niñas al no estar siendo cubiertas sus necesidades básicas. Exigimos medidas transversales en educación, sanidad, servicios sociales, etc., para apoyar a la infancia en general y especialmente a la infancia en situación más vulnerable.
  • Garantizar el acceso a una salud pública de calidad, para lo que es necesario, entre otras medidas derogar  del Decreto Ley 16/2012 que supuso la restricción de la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular y a los españoles desplazados, el establecimiento y aumento del copago farmacéutico, la ampliación de la lista de espera sin obligación de pago de retroactividad a las comunidades autónomas y  la eliminación de  la cotización a la seguridad social de las cuidadoras familiares. También exigimos el compromiso presupuestario para atender toda la demanda que se produzca en materia de dependencia evitando las listas de demanda y la articulación de un sistema eficaz de atención en situaciones de urgencia. Y por último, pedimos se garantice  el acceso sostenible y de calidad a nuevos fármacos, poniendo en marcha los mecanismos legales existentes como la producción de genéricos y control de patentes para evitar desde el Estado la especulación de la industria farmacéutica.
  • Garantizar ingresos mínimos a las familias en situación de pobreza y exclusión, y el refuerzo de los servicios sociales públicos de protección a la infancia y las familias. Pedimos la articulación de unaLey Estatal de Rentas Mínimas que asegure un ingreso básico a todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo requieran.  En este ámbito, pedimos la derogación  de la reforma de la Administración Local, en tanto que dicha norma ha producido la desaparición de gran parte de los Servicios Sociales públicos lo que ha afectado tanto a la atención de la ciudadanía, como a la pérdida de puestos de trabajo en el sector y la vulneración de los principios éticos que comportan que los empleados públicos sean garantes del interés general y el bien común. Por último, es fundamental, tras el periodo anterior de recorte del gasto público potenciar los programas básicos de actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria donde se incluyan los programas de prevención, promoción y sensibilización social, dando especial relevancia a la participación ciudadana y a la metodología de actuación comunitaria en complementariedad con la iniciativa social.
  • Derogación de la LOMCE y cumplimiento de las medidas establecidas por la UNESCO para el logro de una educación pública y de calidad  como derecho de todo el alumnado. Es necesario trabajar por y desde un modelo de educación inclusiva, entendiendo por tal un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada", ni mecanismos de selección o discriminación en la trayectoria formativa  de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Así mismo, es necesario aumentar el presupuesto gravemente reducido en estos años de crisis, para luchar contra el fracaso y abandono escolar temprano y recuperar un sistema de becas basado en la igualdad, pluralidad y justicia social que garantice el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente del nivel de renta.
  • Fortalecer las Políticas Públicas de Igualdad de Género ante el retroceso producido en los últimos cinco años en esferas tan importantes como Empleo, Violencia de Género, Educación y Salud. Y de forma más específica pedimos se desarrollen políticas efectivas para garantizar la igualdad en el acceso y mantenimiento del empleo, acabar con la brecha salarial y la precarización laboral de los sectores más feminizados, tanto en la esfera de los servicios públicos como en la empresa privada y dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar medidas de erradicación de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.
  • Elaboración de Políticas de Corresponsabilidad en los cuidados y reconocimiento del trabajo reproductivo, desarrollando y potenciando los servicios públicos que posibiliten la conciliación, especialmente la creación de un sistema público y universal de escuelas infantiles y atención a la primera infancia. En este sentido y para avanzar en la conciliación solicitamos la aprobación del permiso de paternidad intransferible y de igual duración que el de maternidad.
  • Aprobación de una ley integral para la igualdad de trato de aplicación a todas las personas para combatir toda forma de discriminación, rechazo, intolerancia, invisibilización o violencia.
  • Programas específicos dirigidos a la infancia y juventud para la prevención y discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
  • Fortalecimiento y recuperación del Sistema Público de Servicios Sociales. Tras los sucesivos recortes aplicados, es urgente y necesario dotarlo de más medios para que pueda hacerse cargo de la atención social a las personas que sufren por migraciones forzosas.  Por parte de las Administraciones Públicas se debe liderar y coordinar cuantas actuaciones sean necesarias para la adecuada atención social que este contexto de crisis humanitaria requiere, todo ello en colaboración con la sociedad civil.
  • Reclamamos planes formativos para la atención de la diversidad, sea cual sea su origen (nacionalidad, etnia, orientación sexual, procedencia, capacidades, etc.) para el personal de la administración pública, especialmente, en los ámbitos de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
  • Garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda digna, y para ellos la solución pasa por una reforma legislativa orientada al reconocimiento de la dación en pago, y el desarrollo de políticas específicas de alquiler social, que impidan a las personas verse abocados a vivir en la calle.
  • Revisión del estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva. Es necesario recuperar los derechos laborales arrebatados en la función pública durante el periodo de crisis económica, así como garantizar la recuperación salarial y mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras públicos, y finalmente, garantizar una oferta de empleo público suficiente para prestar servicios de calidad que den respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la población.

Finalmente, para el logro de todas estas reivindicaciones, desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales, consideramos fundamental que las fuerzas políticas asuman un discurso y actuaciones tendientes a la dignificación, es decir, poner en valor el empleo público, estable, profesional y con derechos, derogando la posibilidad de desarrollar ERES en las administraciones públicas. Es necesario desterrar el discurso utilizado, en los últimos años, desacreditando y desprestigiando el trabajo realizado por los empleados y empleadas públicos y reconocer que ha sido el medio utilizado o justificación para poner en duda el funcionamiento, la eficacia y la responsabilidad de la Función Pública, en pro y como paso previo a una política de  privatización de los servicios. En este sentido además de un cambio en la concepción de “lo público” como elemento fundamental de la responsabilidad del Estado en una sociedad democrática y justa, es necesario, sin más dilación,  la recuperación de las condiciones laborales, salarios,  poder adquisitivo y  derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos.