La Comisión Europea hizo públicas en sus Previsiones Macroeconómicas de Primavera y recomendó a España contener el consumo, el gasto y la oferta de empleo público para cumplir los objetivos de déficit en 2015 y 2016. A pesar de que Bruselas pronostica que el PIB español crecerá el 2,8%, se muestra preocupado por el déficit español y pronostica que será del 4,5% en 2015 y del 3,5% en 2016, incumpliendo lo pactado. La Comisión Europea achaca esta circunstancia, principalmente, al consumo, el gasto y la oferta de empleo público para 2015, un año electoral.

En opinión de FSP-UGT, las recomendaciones de Bruselas contienen un perverso sesgo ideológico. La Comisión expresa su preocupación por el gasto que supondrá la Oferta Pública de Empleo español para 2015, un total de 11.250 plazas y aconseja, otra vez, controlar el consumo público mientras, paradójicamente calla ante los 53.553 millones de euros que costó el rescate a la banca en España. Una factura, esta última, de la que sólo se han recuperado 2.666 millones, el 4,9% de lo entregado a las entidades por el Gobierno a través, entre otros mecanismos, del fondo gubernamental FROB, según informó el Banco de España el pasado 4 de mayo, en su tercer informe de balance de las ayudas públicas al sector bancario.

La recomendación de contener el empleo público resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que se han destruido casi 400.000 empleos en el sector público entre 2011 y 2013, según datos de la EPA recogidos en el Informe de UGT “Menos Servicios Públicos Menos Derechos, menos empleo”. La destrucción de empleo tiene importantes repercusiones en la calidad y suficiencia de los servicios que se prestan a los ciudadanos y, nuevamente, las recomendaciones de la Comisión sólo tienen en cuenta las grandes cifras económicas de los Estados miembros, pero olvidan intencionadamente el bienestar de sus ciudadanos.

Según el informe que recoge la evolución de los servicios públicos entre los años 2011-2015, la  destrucción de empleo público ha tenido lugar en casi todos los ámbitos, aunque los sectores más afectados son sanidad y educación, contrataciones  que dependen de las Comunidades Autónomas, precisamente donde la Comisión Europea lanza sus mayores críticas  sobre el control  del gasto.

Una vez más, añade UGT, las previsiones y “buenas” recomendaciones de la Comisión Europea para el Estado español no lo son tanto para los ciudadanos.