La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se reunirá mañana con la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para hacerle llegar sus propuestas para la legislatura que comienza y pedir, nuevamente, la convocatoria de Mesa General de Función. UGT ha adelantado que planteará a la resposable de Función Pública que, al igual que los recortes practicados por el Gobierno del PP en la anterior legislatura se aplicaron sin falta en todas las Administraciones, la restituciones de los derechos también tengan carácter básico y general para todos empleados públicos.

Es perentoria la aplicación de una política salarial que permita al conjunto de los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Para el sindicato, cualquier propuesta salarial inferior al IPC representaría un agravio para los empleados públicos, que acumulan una pérdida del -11,3% en aquellas comunidades autónomas donde no se ha devuelto la paga extra suprimida en 2012.

UGT propone un Plan de Empleo y Ordenación de Recursos Humanos  y medidas que favorezca la estabilidad en las Administraciones. Actualmente en las administraciones públicas existe un porcentaje de precarieadad laboral superior al 20%, una cifra que alcanza el 30% en algunos sectores como el sanitario. Los gobiernos han generado este problema, haciendo trampas en sus contrataciones, por un lado recortaban la oferta de empleo público y establecían tasas de reposición y por un empleaban interinos para atender a las necesidades inaplazables de la ciudadanía. Por tanto, es el momento de solventar la situación, adaptando la legislación española a la normativa europea y regulando una Oferta Pública de Empleo que corrija la actual situación de precariedad y ponga freno al envejecimiento de la plantillas. En la Administración General del Estado, el 61% de los trabajadores tiene más de 50 años.

Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones, la suma de empleos públicos perdidos desde 2012 asciende a 173.957 y afecta en mayor medida a la Administración General del Estado, a las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) así como a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno debe impulsar un sistema de cobertura de la incapacidad temporal que proporcione una protección adecuada y suficiente a todos los trabajadores y  restablecer la jornada de 35 horas allí donde estuvieran vigentes antes de los recortes, además debe respetar los ámbitos de negociación y acuerdos firmados en otros ámbitos.

Todas estas cuestiones deben ser abordadas sin demora en la Mesa General de Negociación. El Gobierno debe convocar de manera inmediata a los legítimos representantes de los trabajadores para escuchar sus propuestas en el marco que establece la Ley.