La Federación de Emplead@os de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT reclama un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que rejuvenezca y redimensione las actuales plantillas de la Administración General del Estado (AGE) para poder garantizar la prestación de los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la AGE ha perdido más del 11% de su personal. Estos datos corresponden al último Boletín que recoge datos del mes de enero de 2016 y ha sido publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 En cuanto al conjunto de las Administraciones, los recortes en gasto de personal, la tasa de reposición, las amortizaciones, las jubilaciones, los despidos y las  externalizaciones han reducido drásticamente el volumen de empleo público hasta dejarla en una cifra similar a la del año 2007. La población española, por el contrario, ha aumentado entre 2007 y 2016 en un millón y medio de personas, por lo que el nivel de servicio ha caído de forma importante.

 Esta disminución de empleo público también ha sido criticada en los informes recientes del Defensor del Pueblo y de la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) del año 2015. Según estas instituciones, la pérdida de empleo ha incidido negativamente en la cantidad y calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Los informes, sugieren la supresión de la tasa de reposición de efectivos, tal como ha demando UGT en incontables ocasiones.

 La pírrica oferta de empleo público, aplicada por el Gobierno en la Administración General del Estado en los últimos años de crisis económica, no sólo está reduciendo de forma acelerada la plantilla de empleadas y empleados públicos, sino que también la está envejeciendo paulatinamente.

 Sólo en los últimos cuatro años, entre enero de 2012 y enero de 2016, la plantilla de la AGE ha disminuido un 10,92% -25.639 empleos públicos perdidos- y ha pasado de 234.685 a 209.046 empleados públicos.

 La jubilación voluntaria a los 60 años de miles de funcionarios pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas también ha contribuido muy decisivamente  a la destrucción de empleo público en la AGE. Así, durante estos últimos años se ha producido una avalancha de jubilaciones voluntarias. En 2010 tomaron esta decisión 4.235 empleados públicos, en 2013 esta cifra se disparó hasta los 15.788 y en 2014  fueron 13.562 -último dato publicado-.

 El número de pensiones del sistema de clases pasivas está creciendo a un ritmo del 7% anual, el triple que el de la Seguridad Social. Por otro lado, el citado boletín estadístico delata que un 62,81% de la plantilla de empleadas y empleados públicos de la AGE tiene más de 50 años.

 Combinar la falta de renovación de las plantillas -provocada por las prolongadas restricciones de la oferta de empleo público- y el incremento de la jubilación voluntaria, da como resultado una Administración General del Estado con un evidente y flagrante déficit y un envejecimiento alarmante de efectivos.

 La  gran externalización de trabajo, en servicios prestados mayoritariamente por personal laboral también ha contribuido a agravar la situación. En este colectivo los mayores de 50 años rondan el 68%.

 UGT advierte de que, si no se afronta esta situación  y se comienza a trabajar en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, Administración que tendrá serios problemas para ofrecer algunos servicios fundamentales como Seguridad Social, Fogasa, Servicio Público de Empleo Estatal, Agencia Tributaria o  Imserso.