El sindicato denuncia la precariedad del colectivo de trabajadores de la dependencia cuyo convenio está paralizado por la cerrazón patronal desde hace más de dos años

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha entregado una carta al Secretario de Estado de Servicios Sociales donde expresa su preocupación ante las situaciones que se generan en la atención al Dependiente.

El sindicato le pide que intervenga, como máximo responsable del Estado de la aplicación de las políticas de Servicios Sociales, en el seguimiento de los servicios que prestan las empresas adjudicatarias, tanto en plaza concertada de residencia, como en la prestación de los servicios de SAD, teleasistencia, financiados con fondos públicos.

UGT ha manifestado que «encontramos situaciones preocupantes por lo ajustado de las contrataciones, existiendo residencias donde un solo profesional se queda por la noche a cargo de treinta o cuarenta usuario. La atención a cualquier usuario que sufra un percance recae en el único profesional disponible de manera que si otro usuario requiere su atención, y estamos hablando de cuarenta y nueve personas mayores, no podría acudir en su ayuda. Durante la noche en algunas residencias las Gerocultoras deben cubrir no solo la atención a los mayores, sino también el trabajo en la Lavandería.

En el Servicio de Atención de Ayuda a Domicilio, la situación no difiere tanto en cuanto a recortes salariales y adjudicación de horas de prestación de servicio. Algunas empresas cuando se publican los concursos por parte de las Administraciones Publicas, ofertan servicios con unos precios a la baja temeraria, pero otras  o se han descolgado del Convenio Colectivo vigente o se descuelgan inmediatamente tras obtener la adjudicación del servicio.

El único criterio para las administraciones es  la oferta económica, y después  no hacen un seguimiento de la prestación para vigilar la calidad en dichos servicios.

En el SAD se está cometiendo un abuso de contrataciones a tiempo parcial. Porque  no se están respetando los derechos mínimos legales del personal en cuanto a salarios. Estas trabajadoras se encuentran muy a menudo en unas situaciones de precariedad absoluta y de  una tremenda indefensión. Cuando una trabajadora tiene un problema con un/a usuario/a o un familiar de estos, la empresa le retira ese servicio y con ello la retribución de dichas horas. Estas trabajadoras sufren  casos de acoso por algún familiar y no pueden denunciar, para no verse privadas de las retribuciones ya muy mermadas. En  relación a la valoración de prevención de riesgos laborales, en el domicilio no puede hacerse una valoración, pues sería anticonstitucional, ya que el domicilio es inviolable».