UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales que suman el 85% de la representación de los trabajadores y trabajadoras de Correos, han anunciado movilizaciones durante los próximos meses ante la ausencia clara de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a millones de ciudadanos y ciudadanas.

Denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, que lo ha reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de €, el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico, la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, 150 trabajadores menos en la provincia de Toledo, y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial.

Ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno, como de SEPI -de quien depende Correos-, ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, 230 empleos menos a nivel de la provincia de Toledo, los cuatro sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la huelga general, en tanto no se dé respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público.

 

UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales mayoritarias y que suman el 85% de la representación de los 57.000 trabajadores/as de Correos, han anunciado movilizaciones conjuntas en todo el Estado durante los próximos meses, ante la ausencia de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a la ciudadanía.

Las cuatro organizaciones sindicales comparten el diagnóstico, nada alentador, sobre la situación de Correos, motivado por una acción de Gobierno y una política en materia de servicio postal público que se ha caracterizado por el recorte y el bloqueo de iniciativas para la modernización de Correos.

Así, en la presente legislatura, se ha producido un recorte sin precedentes en la financiación del Servicio Postal Universal, que ha pasado de 180 a 57 millones de euros en 2017, que se repetirá en 2018 en caso de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y que se ha trasladado directamente a la cuenta de resultados, provocando el déficit más alto de la historia de Correos, unos 150 millones de euros. Además, el Gobierno se comprometió con los cuatro sindicatos en junio pasado a restituir el recorte, lo que no ha hecho, y a poner en marcha un grupo de trabajo para elaborar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal -que determinará el modelo y las cuantías de financiación del mismo- del que tampoco se ha tenido noticia alguna en más de 8 meses.

Además, el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia de la sustitución del correo tradicional -con descensos del 5% anual- por comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico -con incrementos del 25% anual-. Ante esta situación, todos los grandes Correos europeos, con el apoyo de sus Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que han mantenido su Banco Postal. Correos es una preocupante excepción, al depender de la carta en un 85% de sus ingresos y verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan Estratégico que Hacienda, propietario de la empresa pública, mantiene incomprensiblemente bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del sector.

El empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los últimos nueve años a nivel estatal, 150 trabajadores menos en la provincia de Toledo, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la ciudadanía como ya se está palpando en los distritos de la capital, en Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

Las cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel estatal a medio plazo, 230 en la provincia que dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama social.

Señalan, igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.

Ante esta situación, UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.