UGT considera la aprobación del protocolo el pasado 9 de noviembre un aspecto clave para la protección de la salud de las mujeres embarazadas funcionarias y laborales, que trabajan en el sector de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como su descendencia, algo que venimos reclamando desde la constitución del Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral. En los sectores de educación y Sescam ya existían previamente estos protocolos específicos.

Después de varios meses en los que el sindicato ha realizado numerosas aportaciones al documento, finalmente estamos satisfechos con la aprobación del mismo. Algunos de los aspectos que hemos manifestado en el seno del comité respecto a los objetivos que debe cumplir el protocolo han sido los siguientes:

  • Facilitar a las mujeres embarazadas toda la información y documentación sobre el proceso y que éste sea lo más sencillo y rápido posible.
  • Asegurar que en todos los casos de embarazo comunicados se realiza una actualización de la evaluación de riesgos del puesto.
  • Garantizar que la mujer embarazada es retirada del riesgo no tolerable “de manera inmediata”.
  • Determinar por parte del SPRL, para aquellos puestos no exentos de riesgo, cuando sería necesaria una adaptación o cambio de puesto de trabajo y asegurar que éstas medidas se toman sin dilación.
  • Garantizar que en el caso de necesidad de cambio de puesto de trabajo, la mujer embarazada no sufrirá merma en sus retribuciones.
  • Facilitar la solicitud de la prestación por riesgo durante el embarazo para aquellos casos en los que la adaptación o cambio de puesto no sea posible.
  • Vigilar el cumplimiento por parte de la Mutua de todas sus responsabilidades.

Aunque desde UGT valoramos muy positivamente este protocolo y consideramos necesaria su implantación inmediata, instamos a la Administración a que en el seno de la Mesa General se negocie un permiso de conciliación para todas aquellas empleadas públicas que deban ser separadas de los riesgos de su puesto de manera inmediata, mientras se tramita la adaptación, el cambio de puesto o la prestación por riesgo durante el embarazo. De esta forma se garantizaría la protección a su salud desde el primer momento una vez conocida la situación de embarazo.