UGT CLM inicia una campaña en la que pide el reconocimiento de los profesionales esenciales y el fortalecimiento de los servicios públicos

Presentación de la campaña de la FeSP UGT CLM en defensa de los empleados públicos.
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Transcurrido poco más de un año desde el inicio de la pandemia y aunque la incidencia de contagios está en niveles bajos, “en los hospitales, en los centros de salud o en los servicios de urgencias la situación es bien distinta; esto ni mucho menos ha acabado”, pone de manifiesto Fernando Peiró, responsable de Sanidad de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos (FeSP) de UGT Castilla-La Mancha

Transcurrido poco más de un año desde el inicio de la pandemia, la Federación de Empleadas y Empleados Públicos (FeSP) de UGT en Castilla-La Mancha ha presentado hoy una campaña para exigir el reconocimiento del esfuerzo realizado en estos 12 meses por los profesionales esenciales (sanitarios, personal del transporte sanitario, personal de residencias, cuerpos de seguridad, docentes, bomberos y bomberos forestales, carteros…), un reconocimiento que –más allá de fotos institucionales y aplausos- debe venir de la mano de mejoras laborales y del fortalecimiento de los servicios públicos prestados tanto por los empleados públicos como por los trabajadores de empresas privadas.

Bajo el lema “Salvar la Semana Santa… ¿Y quién salva a los trabajadores esenciales?”, la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha realizará acciones de sensibilización y reivindicación en redes sociales y mediante carteles en los centros de trabajo.

“Fuera de los hospitales y de los centros de salud, se habla de primera ola, segunda ola, tercera ola… y las que vendrán. Dentro de los mismos la situación es bien distinta ya que hay profesionales que desde hace más de un año no han dejado de ver a pacientes contagiados por COVID. Llevan más de un año con sus monos de protección, con sus gafas, con sus pantallas… para intentar no contagiarse ni ellos, ni a sus familias. El nivel de agotamiento ya es muy importante”, indicaba el responsable de Sanidad de FeSP UGT CLM, Fernando Peiró, durante la rueda de prensa ofrecida junto a Esther Soto, responsable del sector Sociosanitario del sindicato, y Manuel Amigo, responsable de Educación, para presentar esta campaña.

“Los trabajadores de los servicios públicos siempre han estado ahí, pero esta pandemia ha hecho mucho más visible la necesidad de que estuvieran”. Peiró apuntaba que se ha pasado de considerar a los profesionales de la sanidad “de héroes a villanos”. Sin embargo, recuerda que el hecho de que no haya un libre acceso a los centros sanitarios y de que muchas veces se tenga que hacer una primera atención telefónica de los enfermos no es responsabilidad de los profesionales, sino “una medida más para contener la transmisión de este maldito virus”.

UGT exige al Gobierno regional el reconocimiento de los derechos de los profesionales del ámbito sanitario y del transporte sanitario de la región, entendiendo imprescindible un dimensionamiento real de las plantillas y la consolidación de plazas; finalizar los procesos en marcha de oposiciones, concurso de traslados y los sistemas de movilidad que permitan el cambio voluntario de puestos de trabajo; la actualización de la bolsa de trabajo, que lleva sin actualizarse dos años; el reconocimiento de nuevos derechos como la exención voluntaria de noches a partir de una determinada edad; y la creación de nuevas categorías profesionales.

 

 

El responsable de Sanidad afirmaba que “fundamental es también la reanudación del modelo de carrera profesional que paró Cospedal en el año 2012 y que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene paralizado. Este sería el verdadero reconocimiento al esfuerzo que siempre han realizado, y ahora mucho más, los profesionales de la sanidad en Castilla-La Mancha”.

Respecto a los trabajadores del transporte sanitario, Peiró apuntaba que “es hora de que el Gobierno regional, como ha ocurrido en otras comunidades, salve a estos profesionales iniciando el camino hacia lo público”. Mientras tanto, asegura que exigirán que las empresas cumplan fehacientemente con el nuevo convenio en todas las provincias, que se refuercen las dotaciones y que se introduzcan mejoras en el servicio de helicópteros que atiende las urgencias.

Aunque la incidencia de contagios está en unos niveles bajos, “en los hospitales, en los centros de salud o en los servicios de urgencias la situación es bien distinta; esto ni mucho menos ha acabado”, añadía.

UGT denuncia el importante recorte de plantilla en la residencia pública de mayores de Torrijos (Toledo)

Por otra parte, Esther Soto, responsable del sector Sociosanitario de la FeSP UGT CLM, ha reivindicado unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras de este sector e incrementar medidas de seguridad para el colectivo. “El Sescam ha tenido que intervenir un gran número de residencias de mayores para gestionar la pandemia. Es obvio que el modelo privado no es operativo ni responde a las necesidades de los usuarios”. Por ello, exige que la Administración regional se replantee el modelo y asuma como propios los centros sociosanitarios de la región, “prestando una asistencia completamente pública sin intermediarios”.

UGT recuerda que estos profesionales carecen de un “convenio digno”, “teniendo una única regulación a nivel nacional con salarios extremadamente bajos”. A la precarización de estos puestos de trabajo el sindicato suma la falta de derechos consolidados y la poca estabilidad laboral de las plantillas. Además, “estos centros se encuentran infrafinanciados”.

“El hecho objetivo es que, a día de hoy, de los 5.700 fallecidos en Castilla-La Mancha como consecuencia del COVID, más de 2.000 han fallecido en residencias, dato escalofriante que -si lo asociamos con la falta de medios en este tipo de centros, la falta de personal y las condiciones precarias- demuestra que es necesaria una profunda reflexión sobre este sector”.

Esther Soto resaltaba el caso de la residencia pública de mayores “Quijote y Santo” de Torrijos (Toledo), donde existe una “falta de personal escandalosa”, con un exceso de carga laboral de 700 horas entre su plantilla, y donde se ha producido un importante recorte de la plantilla.

 

“Un 85 por 100 de los docentes reconoce sufrir estrés y sobrecarga de trabajo”

Por su parte, Manuel Amigo, responsable de Educación, ha señalado que -según una encuesta digital realizada por UGT- un 85 por 100 de los docentes reconoce sufrir estrés y sobrecarga de trabajo, casi un 72 por 100 reconoce como una dificultad añadida la falta de medios tanto en los centros como en las familias; y más del 95 por 100 de los docentes que está impartiendo enseñanzas a distancia y semipresenciales, admite tener más carga de trabajo que mediante la docencia presencial ordinaria.

A nivel educativo UGT lamenta igualmente la brecha digital, que está aumentando las diferentes entre el alumnado y que supone una fisura en la equidad del sistema educativo. En relación a esto, el sindicato lleva meses reclamando a las diferentes administraciones educativas que, más allá de las improvisaciones y las respuestas bienintencionadas, elaboren un plan acerca del impacto que está suponiendo esta nueva modalidad de enseñanza en los centros, en el profesorado y en las familias que permita un reparto de los recursos disponibles así como dotar de medios económicos y materiales a la comunidad educativa.

Las elevadas ratios de alumnos por aula y el problema de unas plantillas envejecidas y sobrecargadas son otros de los problemas planteados por Amigo, también la reducción de la carga lectiva de los docentes para llevar a cabo su tarea de forma más eficaz.

Geacam, aún sin convenio colectivo

Por último, la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT CLM también ha denunciado que la empresa Geacam siga sin voluntad de negociar el convenio colectivo, pendiente de renovación desde el año 2012 y que afecta a las 2.200 personas que integran el operativo antiincendios y otros 600 profesionales de estructuras. La necesidad de abordar la negociación del nuevo convenio es cada
día más acuciante con el fin de incluir y actualizar contenidos acordes a las novedades legislativas producidas en este tiempo; recoger y actualizar las nuevas funciones y servicios que presta la empresa pública a la sociedad; revertir los recortes laborales, sociales y económicos sufridos
durante la anterior crisis bajo el Gobierno de Cospedal; y ampliar y reforzar la estabilidad de la plantilla, entre otros aspectos.