El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado en el Tribunal Supremo hoy que paraliza la entrega de la llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, prevista para el próximo 15 de julio del 2015.

UGT celebra la paralización de la privatización de este servicio público, a la que mostró su rechazo desde el inicio y contra la que ha adoptado  numerosas medidas de presión: la última el pasado 11 de abril, cuando convocó una manifestación en Madrid a la que se sumaron la Cumbre Social, asociaciones de consumidores y otros movimientos sociales. El sindicato  considera que esta decisión supone un triunfo de todos estos colectivos que se han opuesto rotundamente a esta medida, tanto UGT como a otros sindicatos, los propios registradores, demás operadores jurídicos y de toda la ciudadanía. Esta medida supondría un importante coste para los ciudadanos y generaría intolerables  desigualdades sociales.

La situación llego a tal nivel de tensión, que hasta algunos registradores de la propiedad y mercantiles han llegado a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para detener este despropósito.

UGT,  un sindicato de clase que además de luchar por los derechos de los trabajadores,  hacemos una firme apuesta por los servicios públicos gratuitos y de calidad, mirando y buscando por el bienestar de todos los ciudadanos y por la defensa y manteniendo del estado de bienestar a través de la potenciación de los servicios públicos, no entendíamos ni aceptamos esta privatización.

Ahora con el anuncio realizado en el día de hoy, por el Ministro de Justicia, esperamos que esta noticia se confirme de manera oficial en la mesa sectorial convocada para el próximo día 28 de abril. 

Victoria Carrero, responsable del sindicato de Justicia de la FSP-UGT, ha señalado que “el sindicato  seguirá vigilante para ver que el anuncio realizado por Rafael Catalá se cumple realmente, y que su decisión es verdaderamente cierta”. Carrero señala que “UGT  sólo dará  validez a una propuesta consensuada que mantenga el Registro Civil en la Administración de Justicia y servida por los funcionarios de la Administración de Justicia, los auténticos profesionales en esta materia y auténticos valedores de la reserva de los datos tan privados que se inscriben en el Registro Civil”.