La entrada en vigor del RDL 28/2018 de 28 de diciembre 2018 va a traer consecuencias sobre el sector de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

El mismo amplia las coberturas de las trabajadoras y trabajadores autónomos así como las cotizaciones.

Las Mutuas asumirán la ampliación de las nuevas coberturas de las trabajadoras y trabajadores autónomos con cargo a las cuotas, así como las cotizaciones, sin que se prevea ningún aumento en las mismas. Ni que decir tiene que serán los trabajadores quienes deberán asumir la carga extra de trabajo que supondrá todas estas nuevas coberturas, su control, su tratamiento. La situación ya está llevando a “apretar” a las plantillas que, además de sufrir una carga extra de trabajo, están recibiendo instrucciones de “control de puerta de entrada”, es decir control y tratamiento de las solicitudes de los trabajadores autónomos que en caso de ser denegadas pueden perfectamente generar un descontento general en éste colectivo, con las consiguientes peticiones de baja.

Se suprime el denominado Bonus a las empresas.

Cada vez más asfixiadas por un sistema de colaboración con la Seguridad Social que sobrepasa con mucho el objeto para el que fueron creadas, las Mutuas se ven abocadas a unos  resultados económicos  cada vez más desastrosos  y poco a poco van viendo su solidez tambalearse, como ven tambalearse sus puestos de trabajo todos sus empleados y empleadas.

Unos trabajadores, los de las mutuas, que han ido absorbiendo el incesante y creciente ritmo de coberturas sanitarias y prestacionales aun teniendo la masa salarial congelada por muchos años.  Aun teniendo impuesta una situación de prohibición para nuevas contrataciones que, de no existir, bien hubiera aliviado la sobrecarga de trabajo. Con unas restricciones impuestas injustamente al colectivo de funcionarios y que por desgracia se les han hecho extensivas, sin serlo.

Desde UGT, exigimos que esta situación se revierta. Que se actúe con las Mutuas como auténticas colaboradoras de la Seguridad Social y no se pretenda poner en peligro su futuro, ni el de los trabajadores y trabajadoras de estas entidades.

Es hora de tomar decisiones. Igualar las condiciones de este colectivo de trabajadores con el de funcionarios, dado que en tiempos de penuria, se ha echado mano de sus bolsillos para sostener el sistema económico del gobierno; o dotarles de unas tablas salariales que les sean de aplicación y unos salarios e incrementos salariales pactados entre sindicatos y mutuas.

Es tiempo de aliviar la exagerada carga de trabajo que soportan y levantar la prohibición de contratación de personal administrativo.  Es imprescindible que estos trabajadores perciban los incrementos salariales anuales al mismo tiempo que sus compañeros funcionarios y que no deban poco menos que rogar por una autorización adicional del Ministerio de Hacienda para ello.