Ya anunció la semana pasada que se iría en el caso de retirarse de la agenda legislativa el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Fue el propio ministro Gallardón quien vincularía su futuro al destino de este anteproyecto, en el que se sustituiría el vigente régimen de plazos por uno de supuestos. Si bien este sistema era el que imperaba antes de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la actual regulación, el contenido material del pretendido anteproyecto se configuraría en su fórmula más restrictiva. Prueba de ello es la imposibilidad de abortar cuando existiera malformación del feto e incluso grave peligro para la salud de la madre.

El primer error cometido por Gallardón fue convertir la sobriedad y la prudencia connatural al Ministerio de Justicia, en el altavoz del sector más inquisitorial y regresivo de la derecha católica. Pronto se evidenciaría que los graznidos no eran compartidos ni por la totalidad del Gobierno, ni tampoco de forma pacífica en el seno del Partido Popular. Pero este hecho no debe llevarnos a equívoco; el desencuentro no se debe tanto a la discrepancia ideológica como a la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, y ya las encuestas han indicado cómo su propio electorado recelaba de esta reforma.

El propio Partido Popular señaló en el programa electoral que le dio la mayoría absoluta en las pasadas elecciones generales la modificación urgente del aborto. Pese a no encontrarse éste entre las preocupaciones principales de los ciudadanos y ciudadanas y existiendo acuerdo o consenso social al respecto, los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo han servido de moneda de cambio de los intereses electorales del Partido Popular, endeudados por el apoyo prestado por la Conferencia Episcopal –con el depuesto Rouco Varela a la cabeza- y las ya famosas asociaciones provida. La dimisión de Gallardón no puede servir para reducir pretendida y conscientemente en su persona el aguerrido compromiso con este anteproyecto; esta reforma es la reforma del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. La ciudadanía ha vuelto a cuestionar sus iniciativas y decisiones. Y es que nos encontramos ante un éxito compartido por todas esas mujeres y hombres que se han lanzado a la calle para dejar claro al Ejecutivo que no estamos dispuestos a transigir en la regresión de los derechos de la mujer en nuestro país; un éxito de las asociaciones de mujeres y de todos aquellos agrupaciones que construyen día a día en el valor de la igualdad; de los colectivos procedentes de la cultura; un éxito de los sindicatos y los partidos políticos que se han movilizado contra este despropósito; es, en definitiva, la retirada de este anteproyecto un éxito colectivo.

Nos merecemos un Gobierno que sea capaz de diferenciar nítidamente la condición de mujer y la condición de madre; que se abstenga de usar la fuerza de la ley para grabar las debilidades del dogma. Desde la Secretaría de Igualdad y Mujer de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT) nos felicitamos hoy por lo conseguido, siendo conscientes, al mismo tiempo, que mañana seguiremos enfrentándonos a la desigualdad y muy probablemente a los continuados ataques de este Gobierno a la ciudadanía y, en especial, a las mujeres en su conjunto.