El II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por el Gobierno del PP y los sindicatos el pasado mes de marzo, supuso un hito para Función Pública porque dejaba vislumbrar con medidas concretas que la salida de la crisis económica era una realidad. Las empleadas y empleados públicos, los primeros en sacrificarse con recortes y congelaciones, se veían mínimamente resarcidos por un Acuerdo que contemplaba subidas salariales para el trienio 2018-2020. Ayer mismo el Congreso de los Diputados convalidó por mayoría absoluta el real decreto-ley por el que se aprueba la subida de al menos un 2,25% de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para este 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

Con todo, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, admitía hoy que existe en el sindicato un grado elevado de desconcierto, ya que el Gobierno «ha cogido la cuerda del señor Montoro en materia salarial y lo ha cumplido estrictamente». La pregunta formulada por UGT es si el actual Gobierno quiere conformarse con un Acuerdo heredado o va a dar un paso más.

Hay numerosas materias contempladas por el Acuerdo que tienen que negociarse en sus respectivos ámbitos y existe un conflicto permanente en las diferentes mesas de negociación. Hay temas como la jubilación anticipada y parcial, la jornada laboral o los planes de igualdad que aún no han sido desarrollados.

Existen además algunos conflictos reseñables: los 7000 empleados públicos del Exterior, personal laboral que soporta el peso de las embajadas de nuestro país en el extranjero, llevan desde 2009 sin incremento salarial alguno. Estos trabajadores carecen además del derecho a elecciones sindicales.

Por otra parte, el conflicto de Prisiones afecta a 23.000 trabajadores, que llevan un año manifestándose y reivindicando sus derechos. «Los funcionarios y funcionarias de prisiones no son de los que abandonan fácilmente la lucha», ha reseñado Lacuerda. «Están luchando por la homologación de las condiciones de los trabajadores en todos los centros («A igual trabajo igual salario»), no se puede consentir que cada prisión funcione de una manera diferente». Lacuerda ha anunciado que se presentarán enmiendas a los diferentes grupos parlamentarios. «El ministro del interior no puede seguir poniéndose de perfil ante este asunto durante más tiempo».

El secretario de FeSP-UGT ha lamentado también la excesiva judialización de la Función Pública, «como existen tantas interpretaciones diferentes, casi todo se tiene que resolver en los tribunales».

El sindicato ha hecho público un documento con sus propuestas específicas en materia de servicios publicos.

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