El colectivo de los Agentes Medioambientales y Forestales de España está indignado y muy preocupado por el contenido del Proyecto de Ley que modifica la actual Ley de Montes y que ha sido llevado a cabo por el gobierno del Partido Popular. Esta reforma va a afectar de manera significativa la actividad profesional de este grupo de funcionarios públicos al limitar su condición de policía judicial, a lo que hay que sumar otras alteraciones incluidas en esta nueva redacción que supondrán una grave desprotección del medio natural en contra del interés público.

Los representantes de las principales organizaciones de Agentes Medioambientales y Forestales de ámbito estatal como son la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), la Coordinadora de Agentes Medioambientales de FSC-CC.OO. y el Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT quieren mostrar con contundencia su más enérgico rechazo e indignación ante la modificación de la actual Ley de Montes que el gobierno del Partido Popular quiere aprobar sin el consenso social ni el de los expertos en gestión y conservación.

El Proyecto de Ley incluye modificaciones en la gestión forestal de España que  supondrán un retroceso con respecto a la normativa anterior. Su objetivo es usar la reforma para regular a su antojo y de manera lesiva para el medio natural de nuestro país en materias tan variadas como la caza, la ordenación del territorio y el urbanismo permitiendo que se construya en terrenos incendiados, etc. Sin embargo, la mayor sorpresa para los aproximadamente 6000 Agentes Medioambientales y Forestales de todo el territorio estatal que velan durante los 365 días del año, y desde hace 140 años por conservar nuestro patrimonio medioambiental y cultural en el medio natural, ha sido que en la propuesta de la nueva Ley de Montes  pasarían de ser Cuerpos independientes a ser Auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta modificación supondría que este colectivo debería limitarse a realizar las diligencias previas en el caso de un supuesto delito medioambiental y esperar a que llegara un Cuerpo diferente al suyo para poder empezar a realizar su trabajo, estando perfectamente formados y sobradamente capacitados para realizarlo sin subordinación a ningún otro Cuerpo.

Las preguntas surgen rápido:

  • ¿Por qué a un funcionario/a civil, independiente, Agente de la Autoridad y policía judicial, sobradamente preparado/a se le ponen trabas a su trabajo?
  • ¿Por qué no se les deja realizar los atestados si están capacitados/as para ello y además supone un ahorro de medios para la Administración?
  • ¿Quién se beneficia de que la naturaleza esté menos vigilada?
  • ¿Quién se beneficia si por la demora en la espera se pierden o degradan pruebas clave para resolver un posible ilícito penal?
  • ¿A quién le interesa que se pueda construir en terrenos previamente incendiados?
  • ¿Por qué hablan de evitar duplicidades y mejorar el servicio al ciudadano cuando hacen todo lo contrario?
  • ¿Por qué no se quiere optimizar el servicio público dejando que estos funcionarios desempeñen sus funciones de modo independiente como se está haciendo hasta ahora con eficacia y eficiencia?
  • ¿Por qué no se deja trabajar a estos empleados públicos en la protección y gestión del medio ambiente, ámbito que ellos dominan tanto a nivel administrativo como penal, y se dedican a las FFCCSS a otros delitos que desgraciadamente cada vez se producen con más frecuencia en el medio rural como robos y agresiones?

Estas preguntas solo las puede responder el gobierno del Partido Popular. ¿Lo harán o esperarán a que un “auxiliar” les haga el trabajo que ellos no saben hacer?

Desde estas organizaciones se anuncia que se van a tomar todas las medidas que estén en sus manos para frenar esta reforma de la Ley de Montes tan perjudicial para el medio ambiente y para los ciudadanos.