Medio centenar de delegados y delegadas sindicales del Servicio Público de Empleo Estatal se encierran en el despacho de la Ministra de Empleo y Seguridad Social ante el desinterés que la máxima responsable del ministerio demuestra por el deterioro que sufre el organismo encargado de pagar las prestaciones por desempleo.

Han transcurrido cuatro semanas desde que las centrales sindicales con representación en el SEPE dieron la voz de alarma sobre la situación que soporta el organismo. Su capacidad se encuentra al límite y sin medidas que solucionen las deficiencias que padece, fracasará en breve, a la hora de responder a los requerimientos de la ciudadanía.

Falta plantilla, se soporta un nivel de precariedad en la misma desproporcionado y la cualificación técnica de la misma está muy lejos de ser la adecuada. En el apartado de carga de trabajo todos los parámetros o medidores son millonarios, la nómina mensual se acerca a los dos millones y medios de personas, el número de solicitudes mensuales ronda el millón, el trabajo de información no baja en ningún caso de los dos millones y se administran del orden de 2.100 millones de euros en un periodo mensual.

No deja de sorprender que un organismo como el SEPE, el que más ciudadanía toca con diferencia, el que cuenta con la red de Oficinas más amplia de todas las existentes en la Administración General del Estado, esté tan abandonado por parte de este Gobierno y en particular por los máximos responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tanto la Ministra como la Secretaría de Estado de Empleo han tratado de desmentir que el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal esté comprometido. Se realiza el mismo sin datos y obviando la realidad que puede encontrarse en la mayoría de las unidades del SEPE. También han aprovechado sus apariciones para demostrar su disposición, en cualquier caso, al diálogo y a la negociación. Pero esa disposición, ese compromiso no ha existido en ningún momento.

Esta cerrazón nos obliga a dar un nuevo paso para impedir el empeño del Ministerio en querer enterrar los problemas reales. No podemos dejar que se pretenda utilizar en el SEPE la misma estrategia que en FOGASA en donde la acumulación de torpes decisiones ha propiciado uno de los mayores atascos administrativos que se han conocido en este país. Si una situación similar se produjera en el Servicio Público de Empleo Estatal millones de familias pagarían las consecuencias de la irresponsabilidad de este Gobierno.

Por ello y para reclamar soluciones inmediatas, más de medio centenar de delegados y delegadas de UGT, CC.OO., CIG, CSIF, ELA, y USO se han encerrado en la antesala del despacho de Fátima Báñez y tienen la intención de permanecer en esa situación hasta conseguir que la ministra abra una vía para poder valorar la situación del SEPE y determinar las medidas oportunas que corrijan las carencias que se manifiestan en dicho organismo.