Como reconoce Hacienda, durante 2013 se ha producido un incremento en el número de agresiones sufridas por los empleadas y empleados públicos, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo y que prestan una atención directa al usuario. Esto se debe fundamentalmente a la situación de crisis prolongada que los ciudadanos y ciudadanas vienen padeciendo.

Desde FSP-UGT hemos exigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se elabore un “Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado”, de manera que se establezca un modelo común de actuación que apueste por las medidas preventivas y garantice la seguridad de las empleadas y empleados públicos.

FSP-UGT incide en  la importancia de la prevención  para impedir que se produzcan este tipo de agresiones, atendiendo fundamentalmente a la organización del trabajo, el  tiempo de espera, la falta de información o usencia  de espacios comunes.

Como medida preventiva nos parece básico la información y formación de todas y todos  los empleados públicos, que contribuirá a eliminar o minimizar determinadas causas de “queja” del usuario y en consecuencia de su posible reacción violenta.

Exigir el cumplimiento de la Ley de PRL  de forma que se realicen en todos los centros la evaluación de riesgos psicosociales en la que se detectaran precozmente los problemas a los que se enfrentan las y los empleados públicos.

Borrador del Protocolo.