RESUMEN MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN

Preside la mesa el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina que inicia su intervención, “La intención es presentar al equipo que desarrollaráel Plan de Actuación y presentar dicho plan, se presenta el Consejero como funcionario de vocación ya que nos indica que le gusta la función pública. Cree que los empleados públicos son necesarios para desarrollar cualquier política del gobierno.

Le acompañan en la Mesa General de Negociación por la parte de la Administración, Jose Narváez (Director General de Función Pública), Antonio Serrano (Director General de Recursos Humanos y Planificación Educativa) y Iñigo Cortazar Neira (Director General de Recursos Humanos del SESCAM).

En cuanto al plan de acción, el presidente pretende aprobar un plan social basado en la prestación de unos servicios públicos de calidad, en el desarrollo de ese plan social o de recuperación de los servicios públicos es fundamental los Recursos Humanos. Es importante recuperar la dignidad del Empleado Público y la autoestima.

Quieren desarrollar un plan social o de recuperación de los Servicios Públicos con una parte fundamental que es la de Recursos Humanos. Nos piden complicidad e implicación en este proyecto. Hay que decidir que asuntos se incluyen en ese plan de recursos, en los próximos meses hay que tratar un conjunto de temas, que por un lado serán derechos y por otro obligaciones. No solo estamos para recuperar derechos de los trabajadores sino también para mejorar los servicios públicos y alcanzar el estándar de calidad que se merecen los ciudadanos.

Incluiráderechos, obligaciones y aquellas propuestas que pretendan mejorar la forma en la que desarrollamos nuestro trabajo. Hay que establecer un calendario de negociación de cada uno de los temas con el horizonte de la legislatura. Hay que analizar los plazos de ejecución y puesta en funcionamiento de los acuerdos alcanzados.

Quiere dejar claro que este plan de RRHH se desarrollarábasada en una única política de personal de la Administración Regional. Un política Coordinada entre los tres directores de los RRHH. Para no engañarnos todo esto hay que hacerlo en un contexto económico, aquellos derechos que supongan un aumento en gastos de personal se tiene que acompasar a la situación económica.

Hay unos niveles de déficit y unos objetivos que se deben cumplir, lo que significa que tendremos limitado un techo de gasto. Harán previsiones presupuestarias en estos 4 años para determinar como nos encontraremos en los próximos años. Hay prioridades que hay que marcar en ese techo de gasto.

Se hace un turno de presentaciones con una intervención con una declaración de intenciones que es lo que hoy tiene sentido.

 

Intervención de UGT:

Dirigir los servicios públicos implica una doble responsabilidad. Por un lado, desde la perspectiva del modelo de servicios y prestaciones que recibe la ciudadanía. Y por otro, desde la responsabilidad de impulsar un modelo de relaciones laborales con sus empleados y empleadas.

Debemos hacer una decidida apuesta por los servicios públicos, pues defendiendo lo público avanzamos en derechos.

La Junta tiene la responsabilidad de impulsar un modelo de relación laboral con sus empleadas y empleados que sirva de ejemplo y estímulo.

Durante estos cuatro años hemos visto como se deterioraban nuestras condiciones de trabajo, nuestras retribuciones y se suspendían gran parte de nuestros derechos.

Al mismo tiempo hemos sido acusados públicamente de privilegiados e ineficientes.

Somos conscientes del contexto económico, pero no podemos ni debemos ser usados como correctores del déficit presupuestario e ignorados después.

La eliminación de derechos ha sido la tónica que ha marcado la política del anterior gobierno.

Debemos poner freno al actual deterioro de los servicios públicos con un objetivo primordial: garantizar la igualdad y la cohesión social, poniendo freno a las privatizaciones, recuperando servicios privatizados o externalizados y apostando por la recuperación del prestigio perdido, reconociendo y valorando la profesionalidad de las empleadas y empleados públicos, poniendo para ello todos los medios necesarios para que el servicio se preste con todas las garantías que merece la ciudadanía.

Es imprescindible la Derogación de la Ley 1/2012, que en el ámbito de la Administración de la Junta ha supuesto el Incremento de jornada de 35 a 37 horas  y media; y el recorte del 3% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos.

Junto con esta medida se eliminótambién el complemento de Incapacidad Temporal.

Posteriormente el Gobierno Regional eliminólos programas de acción social, puso en marcha planes de ordenación de Recursos Humanos que han supuesto el traslado forzoso y la modificación de la categoría de un elevado número de profesionales.

Se deben suspender estás medidas y reponer a los afectados y afectadas a sus puestos de trabajo.

En cuanto a la cobertura y sustitución de profesionales, desde el año 2011 se dejaron de cubrir las ausencias por permisos, licencias, vacaciones e Incapacidad Temporal. Incrementando con ello las cargas de trabajo.

Es imperativo proceder a  la contratación del personal necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Otra de las medidas tomadas por el anterior ejecutivo fue la eliminación de un elevado número de plazas, ejecutando despidos de profesionales con la consiguiente destrucción y pérdida de plazas  para los diferentes concursos de traslados y movilidad. Siendo necesaria la creación inmediata del número de plazas suficientes que permita llevar a cabo todas las responsabilidades encomendadas a esta administración.

Debemos fomentar una verdadera cultura de la salud laboral, avanzando en la prevención, promoción y vigilancia de la salud, a través del desarrollo de la normativa y de la negociación colectiva.

Igualmente es imperativo el desarrollo de Planes de Igualdad en todos los ámbitos de la Administración y arbitrar medidas específicas para la protección de las víctimas de violencia de género.

La Junta de Comunidades debe instar al Gobierno Central a que arbitre los procedimientos necesarios para la devolución de la totalidad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la recuperación de los días de libre disposición y de los días adicionales por antigüedad.

Medidas que solo han servido para desmotivar a los trabajadores y a las trabajadoras y para contraer la economía.

En el ámbito del Personal Laboral, tras la finalización de la vigencia del actual Convenio Colectivo, se debe iniciar un proceso de negociación con un marcado carácter de recuperación de todos aquellos derechos usurpados.

El abandono sufrido en estos años en políticas sanitarias públicas ha llevado a un deterioro de nuestro servicio de salud. Prueba de ello son la  paralización en los proyectos de construcción y mejora de infraestructuras sanitarias.

La política privatizadora iniciada ha culminado con la implantación de un modelo de gestión que pone en manos de una empresa privada el futuro hospital de Toledo en los próximos 30 años.

Se debe revertir esta medida y construir un hospital con un modelo de gestión íntegramente público que garantice que todos los servicios que se presten sean gestionados por la administración.

En cuanto a los Servicios Sociales es necesario no solo retomar sino avanzar en la dotación y puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar la prestación de un servicio de calidad, adecuando la actual orden de mínimos a las necesidades reales de los centros asistenciales e incrementando los medios humanos y materiales.

La desatención de este sector en los últimos años ha provocado el incremento de las desigualdades y la fractura social, siendo necesario actuar de forma inmediata en este ámbito para evitar la situación de abandono sufrida por los colectivos más vulnerables.

Los Gobiernos Central y Autonómico tienen que entender que las ofertas de empleo público deben estar ajustadas a las necesidades de la Administración y al servicio que debe prestar a la ciudadanía y no sometidas a las actuales tasas de reposición.

Desde UGT entendemos la educación como un motor de desarrollo y una garantía de equidad social por lo que es necesaria la estabilidad del sistema educativo con una financiación que garantice una educación independiente,  potenciando la defensa de la escuela pública, con autonomía en el ámbito organizativo, pedagógico y de gestión con el objetivo de compensar desigualdades sociales y de asegurar el éxito escolar no condicionado por el origen familiar.

La administración debe reforzar la universidad, evitar que las políticas educativas utilicen la admisión del alumnado  que sirve como método de exclusión y segregación, procediendo a la paralización y promoviendo la derogación de la LOMCE.

Esta administración no puede permitirse:

– Que se contrate a empleados públicos mes a mes para la cobertura de plazas estructurales dotadas presupuestariamente.

– Que los planes de RRHH se utilicen para la destrucción de empleo público, cierre de centros o para hacer que el personal estatutario pierda su vinculación con su centro de trabajo pudiendo ser utilizados a conveniencia del gestor.

– El uso de movilidades tanto funcionales como geográficas para sustitución de profesionales obviando las bolsas de trabajo.

– Mantener en los tribunales recursos contra procedimientos judiciales que perjudican a las trabajadoras y trabajadores y que va en detrimento del servicio que se presta a la ciudadanía, como son entre otros, la sentencia del cese ilegal de interinos o los planes de RRHH.

– Mantener suspendido durante mas tiempo los procedimientos de acceso al reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional para el personal estatutario.

– Continuar recortando el 15% del complemento que retribuye la jornada complementaria en Atención Primaria.

– No acometer la creación de las categorías necesarias, manteniendo a profesionales en categorías genéricas que no se corresponde con el trabajo que desarrollan.

– Que el personal laboral tenga suspendidas las vías de promoción profesional.

– o Mantener una ley de tasas que graba cualquier trámite administrativo.

Y lo que no puede permitirse esta Administración es obviar las mesas de negociación y tomar decisiones de forma unilateral.

Tomamos la palabra al Consejero y esperamos un cronograma de reuniones que posibilite en el menor espacio de tiempo posible.

Le pedimos al Consejero de Hacienda y AAPP que transmita al Gobierno nuestra petición de un gran pacto por la modernización, defensa y eficacia de la Administración Pública en Castilla-La Mancha.

Por lo tanto, ponemos en esta mesa nuestro compromiso firme de trabajo de una negociación responsable, real y transparente.

En respuesta a las intervenciones, el Consejero nos indica que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas se estáestudiando y que es un compromiso del presidente y se llevaráa cabo en el momento en el que sea posible ya que están actuando con diligencia para poder tomar estas medidas lo antes posible.

Uno de sus objetivos es limpiar la imagen del empleado público y de la administración, insiste el Consejero.

Finalizado este punto del orden del día, se nos informa de los resultados electorales en todos los ámbitos de la administración y los nuevos porcentajes de representación que figuran en la tabla que nos adjuntaron con la convocatoria.

Se da por finalizada la Mesa General de Negociación.

 

…seguiremos informando.