El Servicio Público de Empleo Estatal arrastra graves problemas. El más patente es la profunda falta de plantilla. Una organización inadecuada, unos medios técnicos y patrimoniales caducos y el abandono del Ministerio de Empleo agravan la situación. El servicio a la ciudadanía por parte del SEPE está en grave riesgo. El Programa de Activación para el Empleo aflora e intensifica todo el déficit y desborda la gestión del organismo. La falta de soluciones obliga a toda la representación de la plantilla a iniciar un proceso de movilizaciones cuyo desarrollo arrancará de forma inmediata.

La situación en el Servicio Público de Empleo Estatal se está deteriorando hasta un punto muy peligroso. Su capacidad para dar respuesta a los requerimientos de la población desempleada se encuentra al límite y si no se pone solución fracasará en las próximas semanas.

Las razones son obvias. En primer lugar, el número de trabajadores y trabajadoras no ha dejado de reducirse en estos últimos cinco años, entre el 2009 y el 2014, son 669 los efectivos que se han perdido. El intento de atajar esta sangría a través de personal interino o temporal no ha servido para superar la situación a pesar de haberse alcanzado en el SEPE una tasa de precariedad en el empleo del 25% del conjunto de la plantilla, la más alta, con diferencia, de toda la Administración General del Estado.

En la actualidad, de las 772 Oficinas de atención al público nominales que tiene el organismo, en ese número se incluyen las de atención telefónica, 200 de ellas, un 26% de la red, carecen de la plantilla mínima suficiente para garantizar el servicio diario. En otras 158, el 20,5%, el volumen de personal interino supera la mitad de los efectivos de dichas unidades, llegándose al absurdo de tener una veintena de Oficinas cubiertas exclusivamente por funcionarios interinos o personal temporal.

Los datos demuestra la tremenda debilidad de estructura de un servicio que debe asumir más de 25 millones de consultas ciudadanas presenciales, gestionar del orden de 11 millones de solicitudes de prestación por desempleo y administrar 30.000 millones de Euros de presupuesto.

Pero el problema es más profundo, no solo es de número de efectivos, también está en las características técnicas que debieran tener los mismos. La complejidad de la tarea a realizar es innegable, conlleva el manejo de una parte importante del presupuesto de este país así como de las garantías jurídicas que debieran cuidarse al tratarse de un derecho básico y fundamental para la población que en algún momento sufre la situación de desempleo. Pues bien, una función estrictamente técnica, reservada a cuerpos y escalas del funcionariado específicamente cualificados, está siendo asumida por imposición del Ministerio, por personal Auxiliar y Administrativo al carecer el organismo de esa plantilla especializada. De los 6.232 puestos en la red de Oficinas, tan solo 694, un 11%, cumple con dicha condición. La presión de la dirección para dar salida a la gestión encomendada al SEPE lleva a decisiones disparatadas en donde, utilizando un simil hospitalario, la persona responsable del trabajo en quirófano y de hacer el seguimiento del tratamiento postoperatorio se le endosa a quien ostenta la categoría de Auxiliar de Clínica.

A pesar de todo ello, la oferta de empleo de la Administración Central se ha olvidado del SEPE. Ni el Ministerio de Empleo ni el de Hacienda y Administraciones Públicas han tenido al organismo en cuenta. No ha existido reposición del personal que ha ido abandonando SEPE por diferentes razones y los efectos acumulados de este tipo de decisiones han minado la capacidad de funcionamiento del mismo.

Otros factores han colaborado en esta descapitalización de personal en el Servicio Público de Empleo Estatal, las elevadas cargas de trabajo que recaen sobre cada uno de los trabajadores y trabajadoras, cada efectivo responde a una media de 5.300 atenciones ciudadanas anuales; un nivel de estrés en muchos casos insoportable ante la desmedida responsabilidad de gestionar una prestación económica de carácter fundamental en unos márgenes de tiempo ridículos, se dedican como máximo 15 minutos para determinar el destino de fondos que, de media, suponen, en cada uno de los expedientes aprobados, 12.000 Euros; y un nivel de compensación tremendamente injusto desde el momento en el que cualquier trabajador/a del SEPE tiene unas percepciones económicas que son un 23% inferiores al de otros ámbitos administrativos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social que realizan una tarea similar aunque, eso sí, con unas condiciones de trabajo sensiblemente más razonables y humanas.

El resultado de todo ello es una fuga permanente de personal y una decadencia del organismo que cada año se hace más patente ante la falta de soluciones que sean capaces de dar respuesta a este grupo de despropósitos.

Desde el punto de vista patrimonial, el organismo es un desastre. Con excepción de las de Ceuta y Melilla, ni una sola de las Oficinas del SEPE es propiedad del Organismo. Los acuerdos de transferencias de competencias que en su día se concretaron, dejaron al Organismo completamente desnudo. El SEPE tiene en esta parcela un esquema demencial, las más de 700 oficinas de atención presencial viven empotradas en locales de las Comunidades Autónomas, la Dirección General del Organismo carece de la más mínima capacidad de gobernar este aspecto, no puede efectuar ninguna inversión en dichas unidades al no ser de su propiedad y el resultado de todo ello es que en la actualidad la inmensa mayoría de las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal presentan unas carencias impropias de unas unidades que atienden a semejante volumen de ciudadanía.

El relato de las soluciones técnicas en el ámbito del organismo podría resultar cómico si no tuviesen la trascendencia que tienen desde el punto de vista económico. Las herramientas informáticas que se utilizan para gestionar un presupuesto del orden de 30.000 millones de euros no son las apropiadas. Se producen fallos, alarmas e incluso, aunque parezca sorprendente, pérdidas de información.

La volatilidad legal a la que debe responder la plantilla del organismo es otra dificultad añadida. En los últimos tres años se han producido cuatro modificaciones legales de calado en materia de prestaciones por desempleo y otras doce de menor entidad aunque con repercusiones nada desdeñables.

El último ejemplo es la publicación del Real Decreto-Ley 16/2014 que recoge el Programa de Activación para el Empleo. Era de prever que un RD-Ley de estas características acompañado de la campaña publicitaria de la que se ha rodeado iba a propiciar una intensificación del trabajo en toda la red de Oficinas. En la actualidad el mecanismo de planificación del trabajo en la red de Oficinas del SEPE ha quedado desbordado y es difícil vaticinar en que momento podría volverse a normalizar.

En todo caso, sorprende la falta de previsión del Gobierno y especialmente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que siendo conocedor de las deficiencias estructurales del SEPE, la Dirección General del SEPE coincide en el diagnóstico con las organizaciones sindicales que firmamos esta nota de prensa, debería haber introducido en el Real Decreto-Ley los instrumentos oportunos para paliar los efectos sobre el organismo de una norma legal como la indicada.

No ha sido así y la situación que ahora se genera puede llevar al colapso completo del organismo con unas consecuencias nada desdeñables para la población en general y para la desempleada en particular. Colocar en claves de fracaso de gestión a un organismo como el Servicio Público de Empleo Estatal es una irresponsabilidad. Todas las centrales sindicales con representación en el organismo hemos coincidido en el análisis y en la necesidad de que el SEPE cuente con soluciones urgentes y específicas para evitar un desastre administrativo en el corto plazo. Esta necesidad también nos lleva a dar un paso más allá y anunciar el arranque de un proceso de movilizaciones en el organismo que contará con una primera fase dirigida a concienciar de los problemas existentes al conjunto de la ciudadanía que se desarrollará de forma inmediata y una segunda fase que se iniciará en el mes de marzo en donde los paros y la huelga tomarán el protagonismo si no hay un grupo de soluciones válidas que garanticen el servicio de gestión de prestaciones por desempleo que este país necesita.