• El presupuesto destinado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo es totalmente insuficiente
  • Se triplica el gasto destinado a las mutuas laborales
  • El Gobierno debe establecer la seguridad y salud de los trabajadores como una prioridad en sus políticas

La Unión General de Trabajadores denuncia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, relacionados con la salud laboral, no tienen en cuenta el alarmante aumento de la siniestralidad laboral en nuestro país.

En este sentido, el sindicato señala que las Cuentas del Estado persisten en no apostar decididamente, mediante un fuerte aumento presupuestario, por las partidas destinadas al desarrollo de políticas preventivas. Políticas que mejorarían las condiciones de trabajo y que traerían consigo, sin duda, la reducción de los accidentes de trabajo como de las enfermedades de origen laboral.

Además, UGT considera insuficientes los presupuestos destinados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT):

– La Inspección de Trabajo en esta materia es un instrumento esencial en la lucha contra la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo. El sindicato no puede consentir que se mantengan tan sólo 80.000 visitas a los centros de trabajo en un contexto de constante incremento de la siniestralidad.

– La partida destinada al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo sigue siendo insuficiente. Este organismo cuenta con una plantilla cada vez más mermada que dificulta su esencial labor como órgano técnico de referencia en la investigación de las medidas preventivas.

El mayor incremento presupuestario se produce en el gasto destinado a las Mutuas, en particular a la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales de las empresas, a través del conocido como «bonus». Esta partida se incrementa un 32%, pasando de 67,5 millones de euros en 2017 y 2016 a 89 millones de euros en 2018. Esta cantidad es el triple de lo destinado en los años 2015 y 2014, en los que la partida presupuestaria contaba con 30 millones de euros.

Este enorme incremento presupuestario que se ha venido produciendo los últimos años, y que debería ir destinado a incentivar la reducción de la siniestralidad en las empresas, está sirviendo, a juicio de UGT, para financiar a las empresas y las mutuas principalmente, mientras se está reduciendo la participación activa de los trabajadores en el proceso de obtención del bonus y se disminuyen los requisitos para su concesión. Para el sindicato, se podría utilizar de forma más efectiva este dinero invirtiendo realmente en políticas preventivas.

Por todo ello, para UGT estos presupuestos se limitan a mantener una tendencia que a todas luces no está siendo efectiva. Por consiguiente, el sindicato insta al Gobierno a que incluya la seguridad y salud de los trabajadores como una prioridad en sus políticas y establezca inversiones eficaces en los campos que verdaderamente ayuden a la reducción de la siniestralidad y de las enfermedades de origen laboral, como son los recursos de control, investigación e inspección para desarrollar el control del cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y toda la normativa relacionada a esta materia.

La Unión General de Trabajadores denuncia que el Gobierno continúa considerando un gasto los recursos destinados a la prevención en lugar de una inversión.