El preacuerdo de anteproyecto de LOPJ firmado por esta organización sindical contenía la verdad.
El pasado 23 de julio del 2014, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT firmó un preacuerdo con la Dirección General de la Administración de Justicia, en base a una negociación mantenida durante dos meses, donde se eliminaba la supresión de los partidos judiciales que contenía el Anteproyecto de LOPJ presentado por el ahora ya, ex Ministro Gallardón en abril del 2014. El citado anteproyecto imponía a los funcionarios de la Administración de Justicia una movilidad geográfica y funcional que era inadmisible para este Sindicato, pues eliminaba nuestros centros de destino tal y como los conocemos ahora.
De ahí que el contenido de este Preacuerdo fuera un gran logro arrancado por este Sindicato al Ministerio de Justicia, cuando sabemos que el talante negociador del Sr. Gallardón era inexistente.

Alguna organización sindical de la Administración de Justicia, no quiso ver en ese momento los beneficios que este preacuerdo suponía para los funcionarios de la Administración de Justicia, no sólo no adhiriéndose al mismo, sino además criticando y tergiversando descaradamente lo que era evidente y estaba por escrito.

Pero ahora, el nuevo Ministro de Justicia, Sr. Catalá, nos da la razón a quienes preferimos negociar y dialogar como herramienta para desmontar la salvajada que el Sr. Gallardón quería imponernos a los trabajadores de esta Administración, y en su primera intervención en el Congreso de los Diputados, ha dejado claro no, si no clarísimo que los partidos judiciales seguirán existiendo “como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia como criterio de proximidad hacia el ciudadano. Los partidos judiciales son además testimonio de la presencia del Estado en todo el territorio nacional”.

Por ello, desde UGT seguiremos denunciando y trabajando a través del diálogo y la negociación para que todas aquellas reformas de la Administración de Justicia que supongan una privatización o desmantelamiento de la misma y un grave perjuicio para los trabajadores de este servicio público no se aprueben.

UGT RECLAMA UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Acceso Hoja Informativa