El incremento en el porcentaje de reclamaciones a las Mutuas refleja el uso tendencioso que los empresarios hacen de estas Entidades.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha señala que, por sexto año consecutivo, se ha producido un aumento en el porcentaje de reclamaciones a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Según refleja el informe de reclamaciones presentadas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) del año 2017, publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a lo largo de este periodo el número de quejas pasó de 9.803 en 2016 a 11.572 del 2017. En términos porcentuales, estas cifras se traducen en algo más de 6 puntos: del 11,21% al 17,43%. El informe de reclamaciones establece una “cierta” relación entre el incremento de la población protegida por las MCSS y el incremento de las reclamaciones. Lo cierto es que mientras que la población protegida entre los años 2012 (14.393.254) y 2017 (16.026.718) se incrementó en un 11,3%, las reclamaciones lo hicieron en un 75% (año 2012:6.565 reclamaciones; año 2017:11.512 reclamaciones). Por tanto todo parece indicar que además del aumento del número de personas protegidas por las MCSS debe existir algún otro factor que haya disparado el número de reclamaciones.

El mayor número de protestas se producen por una “disconformidad con la calificación de la contingencia”, el 23,76%; y en segundo lugar figuran las quejas referidas a la “disconformidad con el alta Médica” 18,75%. Unas razones que se mantienen en los primeros puestos también en los años anteriores. Estos datos, sostenidos en el tiempo, apuntan a problema del sistema, que facilita el uso tendencioso y control excesivo por parte de la patronal, de todo lo relacionado con la salud vinculada al puesto de trabajo y a la vida diaria. Ese control lo ejercen utilizando a las Mutuas que tienen la capacidad absoluta de decisión sobre los procesos de accidentes de trabajo y gran poder de influencia sobre los procesos de contingencia común (citación a revisiones, capacidad de suspender la prestación y emisión de propuestas de alta). La obsesión de la patronal por controlar lo que califica erróneamente absentismo está en la base de un uso inadecuado de estas entidades.

Para UGT, por tanto, es prioritario, que el INSS investigue el control de las ITCC y el posible trasvase de contigencia profesional a los servicios públicos de salud por parte de las Mutuas. Desde el sindicato se lleva tiempo denunciando que las Mutuas vienen endureciendo los criterios a la hora de expedir una baja por contingencia profesional y el trasvase existente a contingencia común, con el consiguiente perjuicio económico para las personas trabajadoras afectadas y para la sociedad en su conjunto que, en definitiva, acaba asumiendo este coste. Sin olvidar la presión creciente que tienen que soportar las plantillas de las Mutuas para cumplir con las ordenes de los superiores. Y no digamos la repercusión que tiene desde la salud laboral, lo que no se ve no se previene.

En los últimos días, trabajadores de la empresa René Picot se han movilizado para reclaman mejoras en los protocolos y servicios de la gestión de bajas y altas, pues vienen detectado que cada vez es más habituales casos donde se da de alta a trabajadores con tratamientos en marcha, sin concluir. En junio fueron los trabajadores de Aceros Roldan quienes protagonizaron medidas de protesta similares. No son casos aislados, desde desde 2010 viene sucediéndose cada vez con más asiduidad este tipo de acciones, lo que avala la necesidad de que el INSS indague en esa línea.