El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre perspectivas de empleo en el mundo corrobora los argumentos de UGT sobre las causas y las medidas que se debían adoptar para salir de la crisis.

En sintonía con UGT, la OCDE señala que la precariedad laboral y la reducción de los salarios y el recorte de servicios públicos son contraproducentes, ya que deprimen la demanda interna y el crecimiento económico y sólo han servido para configurar una sociedad más injusta y desigual.

UGT ha planteado esta tésis desde el inicio de la crisis en 2008. El sindicato presentó, a principios de este año, una agenda alternativa de progreso frente a la agenda conservadora vigente en toda Europa y, de forma especial, en el gobierno de España. El primer eje de actuacion subrayaba la necesidad de cambiar la política económica y laboral restrictiva para lograr empleo y de más calidad. 

En la misma línea, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT lanzó en abril la campaña "La dignidad es el salario",  para reclamar al Gobierno unas retribuciones acordes al trabajo que desempeñan los empleados públicos y que compensara años de recortes y congelación salarial en el sector. UGT presentó cifras, en asambleas informativas a los trabajadores, sobre cómo la supresión de la paga extra de 2012 a más de dos millones de empleados públicos deprimió el consumo en las navidades de ese año.  La caída del consumo familiar, provocada por sus menores ingresos y el elevado endeudamiento que aún soportan, deprime la demanda interna ––el principal motor para impulsar el crecimiento del PIB–– y por eso, la economía española y la de la zona euro son incapaces de iniciar un ciclo de crecimiento vigoroso y sostenido.

La OCDE constata que, en España, se ha producido una intensa devaluación salarial -la segunda peor posición, tan solo superada por Grecia, con una reducción nominal del 2% anual, lo que en realidad supondría una pérdida de poder adquisitivo de los asalariados mucho mayor si se tiene en cuenta la inflación acumulada en el periodo. Desde el 2010, FSP-UGT estima que los empleados públicos han perdido cerca del 25% de poder adquisitivo.

La OCDE señala que “…esas congelaciones o bajadas salariales pueden tener repercusiones importantes sobre los ingresos de los hogares, acentuando así las dificultades económicas (…) y nuevos ajustes salariales en los países más afectados por la crisis pueden acabar siendo contraproducentes y, sobre todo, en un contexto de inflación próxima a cero, podrían tener una eficacia limitada en creación de empleo. Tales ajustes acentuarían el riesgo de pobreza y pesarían sobre la demanda global”.

Este argumento coincide con la opinión de FSP-UGT, que ha reiterado que la devaluación salarial ha sido y será, si no se corrige la política de recorte salarial, un claro freno al proceso de recuperación económica y de creación de empleo, haciendo inútil el extraordinario sacrificio experimentado por los empleados públicos (y la sociedad en general) durante la crisis, en sus condiciones de bienestar y en la atención a sus necesidades básicas. La reducción de los salarios ha empobrecido a la mayoría de la sociedad española, colocando a muchos hogares en niveles próximos al umbral de la pobreza. En los ultimos años se ha ampliado significativamente el porcentaje de personas incapaces de vivir de forma independiente con su sueldos.