La CEOE ataca una vez más al Servicio Público Postal
La patronal – Confederación Española de Organizaciones Empresariales – en sus “Propuestas en materia de Transportes y Logística. 2016 – 2020” recientemente publicadas, junto a otras medidas, ha pedido al Gobierno la “liberalización plena y real de los servicios postales, promulgando la Ley de Prestación del Servicio Postal Universal y Contrato Regulador con Correos, con criterios de eficiencia y eficacia, para reducir la compensación del Estado y garantizar la competencia leal”.
La CEOE y sus consejeros obvian –deliberadamente- que el 1 de enero de 2011, entró en vigor la Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal. Una ley donde se establece que precisamente el objeto de la misma es la regulación de los servicios postales en España, garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y “asegurar la libre competencia en el sector en condiciones de calidad, eficacia, eficiencia y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales y sus trabajadores”.
También parecen haber olvidado que la liberalización plena de los servicios postales en España ya era un hecho tras la promulgación en 1998 de la Ley 24/1998, de Liberalización de los Servicios Postales y que desde los años 60 del pasado siglo no existía un “monopolio “postal en nuestro país. Y por otra parte no quieren recordar que la cuantía de la compensación que Correos recibe del Estado afecta y se corresponde únicamente con el coste que le supone la prestación del Servicio Postal Universal, la cual se calcula conforme con los mecanismos contables y de financiación fijados por ley. Por tanto, esta compensación no es ningún privilegio o un donativo que el Estado o Gobierno de turno maneje u otorgue graciosamente.
Desde el sentido común no cabe que la patronal CEOE reclame la re-promulgación de una ley ya existente, aunque tal sinrazón sea obvia. Está en el ADN patronal obtener nuevos nichos de mercado a costa del desmantelamiento y privatización de los servicios públicos -en este caso el Servicio Postal Universal- incluso aunque la pretensión esté fuera de lugar, sea absurda por las razones expuestas anteriormente y demuestre una ignorancia “interesada” de la situación real del sector postal español así como de la normativa existente. Una normativa que ya tiene mecanismos de regulación para controlar el área de competencia de forma transparente y eficiente.
