La amortización de vacantes en la AGE: otra manera de destruir empleo público.

En la línea de reducción y racionalización del gasto público seguida por el Gobierno, se dimensionaron las relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal funcionario y laboral, ajustándolos a los nuevos escenarios presupuestarios.

Así, desde el año 2009, las distintas Leyes de Presupuestos Generales, establecieron que se amortizaran un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan.

Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y catálogos por las que se dieron de baja los puestos vacantes fueron aprobadas por los correspondientes Acuerdos de la CECIR, habiéndose amortizado en tan solo 4 años casi 24 mil plazas con un valor de más de 400 millones de euros, tal y como se desglosa en el siguiente cuadro:

La amortización de puestos del personal laboral de la AGE, en ese mismo periodo fue de más de 9.000 trabajadores (acumulables a los datos del cuadro anterior), con el siguiente desglose (la Memoria no ofrece datos económicos al respecto):

Esto provoca, al menos, los siguientes efectos negativos:

• Se trata de una medida estructural que suprime, de cara al futuro, el volumen de empleo público de la AGE.
• Impide la promoción profesional de miles de empleados públicos que podrían optar a proveer dichas plazas, a través de los mecanismos oportunos.
• Reduce de manera peligrosa la masa salarial de la AGE.
• La calidad de determinados servicios públicos se verá afectada por los insuficientes recursos humanos para llevarlo a cabo, algo que ya viene denunciando el Defensor del Pueblo desde hace años.
• Esta situación está sirviendo de excusa para que la AGE siga externalizando servicios a través de la contratación pública. Sólo en 2012 (último dato publicado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa) celebró 40.730 contratos por un valor de casi 6.000 millones de euros.