La Junta retiró el recurso ocho días después de ser condenada

FSP UGT y STAS denuncian la actitud “mentirosa” y “prepotente” de la Junta ante la sentencia del TS

Toledo, 19 de noviembre de 2014

La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM y STAS CLM Intersindical han calificado de “mentirosa” y “prepotente” la actitud de la Junta en la sentencia de interinos, que retiraron ocho días después de que el Tribunal Supremo (TS) la condenase al pago de costas y desestimara el recurso de casación sobre la anterior sentencia de readmisión dictada por el TSJCM”, como ha confirmado la secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM, Beatriz Tormo.

“Las mentiras tienen las patas muy cortas” ha dicho la responsable de FSP UGT CLM que ha pedido, con un “que se vayan” la dimisión del Director General de la Función Pública, José Manuel de la Fuente, y del Consejero de Presidencia y AAPP, Leandro Esteban, a los que la sentencia del Tribunal Supremo condena por “vulnerar el derecho constitucional a la negociación colectiva y actitud antisindical”.

Para Tormo “este es el Gobierno más mentiroso con el que nos hemos topado”, calificando su actitud de “triste” y “bochornosa” por tratar de “engañar a los castellanomanchegos disfrazando la condena del Supremo de buena voluntad”.

La responsable de FSP UGT ha recordado la cronología de los hechos en la tramitación del recurso ante el Supremo para desenmascarar la mentira de la Junta: el escrito de desestimiento de la Junta tiene fecha de 24 de octubre y el auto de inadmisión del recurso tiene fecha de 16 de octubre.

La sentencia del Supremo condena al Gobierno regional a pagar las costas procesales y desestima el recurso porque las RPT´s “son actos administrativos y no disposiciones generales”, cuestión de jurisprudencia que el común de los mortales conocía desde febrero de 2014 y aún así no fue obstáculo para que la Junta tramitara el recurso.

Los responsables de FSP UGT y STAS Intersindical esperan que en la próxima semana el Gobierno de Cospedal convoque una Mesa Sectorial para negociar la readmisión de los 400 interinos, puesto que se abre un plazo de dos meses para la ejecución voluntaria de la sentencia. De no ser así, pedirán al alto tribunal la aplicación forzosa. Mientras tanto, cada semana que se demore la readmisión de interinos cuesta unos 210.000 euros a los bolsillos de los castellano-manchegos.