Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT pensamos que la única solución viable será la retirada de este proyecto privatizador. Y que el Registro Civil siga en la Administración de Justicia servido por los funcionarios de esta Administración. 

Además, cada día hay más oposición por parte de los Registrores Mercantiles, que no quieren llevar este servicio público. De ahí, que nosotros nos preguntemos por qué está sin razón del Ministro de Justicia y del Gobierno del PP. Qué servicio podrán dar este colectivo cuando un número tan elevado se niega a su llevanza.
 
Si de verdad hubiera una verdadera voluntad política de solucionar, algunos de los problemas que han tenido los Registros Civiles, se les dotaría de los medios personales y materiales adecuados para que los funcionarios de justicia pudiera afrontar la carga de trabajo que hemos asumidos durante años en unas condiciones deplorables.