El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) dejó de ser un mito para convertirse en realidad con su publicación el 13 de abril de 2007. Con él se dio cumplimiento a una de las mayores aspiraciones de la FeSP-UGT y de los empleados públicos de este país. Además de suponer un desarrollo de la Constitución Española de 1978, dio respuesta a las necesidades que durante varias décadas venían acuciando a las Administraciones Públicas

Democratizó el marco de las relaciones laborales del conjunto de empleados públicos del país; fijó un modelo homogéneo de función pública respetando y contemplando la realidad territorial, competencial y sectorial existentes; innovó y reforzó materias tan trascendentales como la carrera, la promoción y la clasificación profesional. Hizo posible la percepción de trienios por el personal interino/temporal y, sobre todo, configuró un auténtico derecho a la Negociación Colectiva en el seno de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, el cambio de ciclo político y la mala situación económica han sido argumentos para impedir su desarrollo. Y también para desmantelar todas las mejoras de ejecución directa que el EBEP planteó en su momento (vacaciones, permisos, políticas de igualdad, protección de la salud, etc.). Para ello se han producido varias modificaciones unilaterales (sin participación sindical) avaladas, en la mayoría de los supuestos, por las más altas instancias judiciales (Tribunales Constitucional y Supremo) que han desvirtuado los contenidos del EBEP.

Esta situación, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en la particular cruzada ideológica reaccionaria del Gobierno en contra de las Administraciones Públicas y sus empleados.

En estos diez años de EBEP los distintos gobiernos han destruido 53.127 empleos públicos. Una circunstancia derivada de las tasas de reposición, amortizaciones y privatizaciones. Han sido muchos y variados los recortes padecidos por los empleados públicos estos últimos años, lo que ha erosionado tremendamente su situación socioeconómica y profesional. Pero quizás la más preocupante e ilustrativa es la pérdida de su poder adquisitivo que, durante estos diez años, ronda el 18,4%.

Desde la FeSP-UGT exigimos el desarrollo  negociado del EBEP en aquellos sectores que, por imperativo legal, así lo precisan. En concreto  del Estatuto del Personal Docente, de la adaptación del actual Estatuto Marco del personal estatutario (Ley 55/2003) al EBEP y del Estatuto del Personal Investigador.

Desde una perspectiva territorial, sólo se ha desarrollado de manera completa a través de  la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; la Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla- La Mancha, la Ley 2/2015, del Empleo Público de Galicia y la Ley 13/2015, de Función Pública de Extremadura.

 El algún territorio se han llevado a cabo modificaciones parciales de su normativa de función pública sobre alguna de las materias previstas (carrera horizontal, evaluación del desempeño, etc.) pero no un desarrollo completo del mismo.

En alguna Comunidad Autónoma se ha estado a punto de desarrollo (Aragón, Illes Balears, Euskadi), pero finalmente no se ha visto concretado por falta de voluntad política de Gobierno de turno. No obstante, la falta de desarrollo que más llama la atención es la relativa a la Administración General del Estado, por ser competencia exclusiva del Gobierno Central que, en estos 10 años, no ha mostrado compromiso alguno al respecto.

Se necesita además una cobertura presupuestaria adecuada que financie las medidas más positivas ya existentes en el EBEP, además de revertir las medidas negativas impuestas unilateralmente por el Gobierno (congelaciones salariales, despidos colectivos para el personal laboral, imposición de una jornada laboral con carácter de legislación básica de 37´5 horas. como mínimo, reducción salarial en situación de Incapacidad Temporal etc).

Es también necesario adaptar el EBEP a las nuevas realidades socioeconómicas y profesionales de los empleados públicos que, evidentemente, han cambiado bastante en la última década. Entre muchas otras, algunas de nuestras propuestas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos por ámbitos, son:

  • Crear mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones para establecer equivalencias entre todas las carreras.
  • Regulación del “indefinido no fijo de plantilla”.
  • Derecho a la carrera del personal temporal de larga duración.
  • Incorporación de cualificaciones profesionales y un mayor protagonismo de la formación continua.
  • Planes de ordenación de Recursos Humanos (consolidación, movilidad, etc.).
  • Extensión de la jubilación parcial a los empleados públicos, en términos similares al resto de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social.
  • Equiparación de los topes en la percepción de la pensión máxima entre Clases Pasivas.
  • Inclusión de una partida presupuestaria referida al impacto de género en cada Administración, con implementación de planes de Igualdad.
  • Movilidad del personal en el conjunto de las Administraciones Públicas como derecho.
  • Realización de concurso previo entre funcionarios, antes de las convocatorias de nuevo ingreso.
  • Mayor seguridad jurídica para personal laboral.