Ayer por fin, el Ministro Gallardón da una explicación a los funcionarios de la Administración de Justicia, de por qué hay que privatizar el Registro Civil. Pero claro, no se atrevió a dar la cara, y explicarlo a los Sindicatos que representamos a los trabajadores de Justicia.

Las argumentaciones dadas por el Subsecretario de Justicia, en la  reunión informativa, como la denominó él, no gustaron al Sindicato de Justicia de la FSP-UGT.

El Subsecretario dice que lo han tenido que hacer, porque los Registros Civiles funcionan mal o muy mal, y UGT le dice que esto es mentira.

Además, el Subsecretario, se atreve a negar que esto es una privatización, porque los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos. El Gobierno del PP deben ser los únicos en este País, que no se han enterado aún sobre lo que la Unión Europea dice de estos profesionales, cuya actividad y modo de ejercerla ha sido puesta en cuestión. No son funcionarios públicos, quienes perciben sus ingresos a través de unos aranceles. Los empleados públicos somos quienes cobramos mensualmente de los Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, le dijimos que exigimos la retirada del Real Decreto-Ley, y que los Registros Civiles sigan en la Administración de Justicia y servido por los trabajadores de justicia, auténticos profesionales y técnicos en esta materia.

 

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