En estos días se están multiplicando los despidos y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), normalmente de suspensión de la actividad. Miles de trabajadores y trabajadoras se están quedando sin actividad y en muchos casos están perdiendo el empleo. Es el momento de actuar para que la caída de la actividad, producto de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, se canalice por fórmulas distintas a la extinción de contratos. No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya.

Sabemos que hay que tomar medidas que faciliten el mantenimiento de las empresas, de liquidez, de contención temporal de gastos, pero las trabajadoras y trabajadores no pueden quedarse a la cola de las medidas a tomar. No es justo socialmente, no es conveniente económicamente y no es entendible políticamente.

UGT y CCOO somos conscientes de lo extraordinario y complejo de la situación. El Gobierno se ha visto obligado a ir tomando medidas cada vez más drásticas para evitar la expansión viral del COVID19. Compartimos la necesidad de priorizar de forma absoluta la atención a la emergencia sanitaria. En ese sentido, todo el sistema sanitario español debe ponerse a disposición del interés general y el Gobierno, junto a todas las Administraciones, debe adoptar las medidas que considere adecuadas. Queremos poner en valor el inmenso trabajo del conjunto de profesionales sanitarios, y particularmente el papel de nuestra sanidad pública.

Pero la dureza de estas medidas está teniendo, y más va a tener, un efecto económico demoledor en el corto plazo. En miles de centros de trabajo se está procediendo a despedir trabajadoras y trabajadores, o proceder a ERTE. Es necesario un paquete de medidas de carácter socieconómico y de regulación, que limiten la destrucción de puestos de trabajo y la desaparición de empresas.

Para ello hay que habilitar un fondo de recursos suficientes que al menos aborde la garantía de protección de las personas afectadas por ERTES, incluso aunque no tuvieran acumulado el tiempo de cotización suficiente.

De la misma forma se van a generar situaciones de emergencia social relacionada con las personas que tengan que cuidar a personas dependientes y tengan dificultades para conciliar esta tarea con su actividad profesional ordinaria. La prestación de servicios de atención a la dependencia en un momento en que los centros residenciales y escolares para personas dependientes están cerrados, es otra necesidad imperiosa, además de garantizar la retribución a las personas trabajadoras que se han visto forzadas a ausentarse del trabajo para el cuidado de familiares, o buscar el canal adecuado para la consideración de una ausencia justificada y sin ninguna consecuencia que pueda perjudicar a su empleo.

Esta situación no va a ser corta con toda probabilidad. Necesitamos en el plazo inmediato medidas que frenen la destrucción de empleo, empresas y, en la medida que sea compatible con las exigencias de seguridad sanitaria, actividad. En un plazo posterior un plan de reactivación e impulso económico, que eviten la prolongación de la crisis y sus consecuencias sociales.

CCOO y UGT hemos dado muestras de corresponsabilidad con la situación del país en todo tipo de circunstancias. En este momento especialmente difícil vamos a seguir haciéndolo y ofrecemos nuestra disposición al Gobierno y al conjunto de instituciones del país, contando con el concurso de las organizaciones empresariales. Pero exigimos medidas laborales ya.
Las dos centrales sindicales mantendremos la atención a las personas trabajadoras habilitando todas las vías disponibles, atendiendo por supuesto a lo que recomienden las autoridades sanitarias. Estaremos, como siempre, junto a todas las trabajadoras y trabajadores.