La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha criticado la política de recursos humanos del Gobierno, que ha recortado 163.206 empleados públicos desde el inicio de su legislatura, según el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El sindicato considera irresponsable presentar la destrucción de empleo en las Administraciones Públicas como un triunfo y un fin en sí mismo, sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y la situación de las Administraciones Públicas.

 En 2010, España tenía un porcentaje de trabajadores públicos sobre la población activa por debajo de los países de su entorno, un 11% menos que Francia y un 7% menos que  Reino Unión, por ejemplo. Si tenemos en cuenta el gasto en protección social, estas diferencias aumentan y España quedaba por debajo de la media de la Unión europea y de la zona euro, según datos extraídos de Eurostat y OIT. UGT ha señalado que este recorte de empleo, cifrado en 6,1% para el conjunto de las Administraciones Públicas, habrá incrementado aún más la brecha entre España y los países de la UE.

El descenso de trabajadores ha sido mayor, en término porcentuales en la Administración General del Estado  (7,1%) y las entidades locales (6,9%) aunque, en términos absolutos, las Comunidades Autónomas son las que han prescindido de más trabajadores. Este dato resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que, en los últimos tres años y medio, se han recortado 74.000 empleados, casi todos de servicios básicos como sanidad o educación. A la luz de estas cifras, queda claro que el Gobierno sigue identificando la reforma de las Administraciones Públicas con recortes de empleo y de  servicios, sin tomar medidas reales para lograr una mayor eficiencia y modernización de la Función Pública. Hay que recordar que en febrero de 2014, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el propio presidente Mariano Rajoy, en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentaron como único logro ante sus socios de la Unión Europea la destrucción de más 552.000 puestos de trabajo en el sector público, un 16, 5%.

El sindicato reclama al Gobierno que, junto a los datos estadísticos de reducción de empleo en las Administraciones, presente informes sobre las consecuencias de ésta disminución en la prestación de los servicios y sobre el ahorro real que se ha producido, pues parte de los servicios se han externalizado o privatizado, vía contratación pública.