El Congreso respalda la protección frente a medicamentos peligrosos
El pasado 16 de enero UGT socilitó en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se inicie el procedimiento de establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación para los empleados y empleadas públicos y privados recogidos en el Convenio colectivo estatal de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia. Las funciones y competencias de este colectivo de Técnico en Emergencias Sanitarias consiste en trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe.
El sindicato considera que la actividad profesional desarrollada por los integrantes de este colectivo requiere una elevada demanda física y psíquica para su desarrollo, generando un desequilibrio obvio en las capacidades de los mismos a medida que envejecen, exponiéndoles a estos a una variedad de riesgos específicos para su seguridad y salud. El trabajo asistencial que desempeñan estos profesionales se desarrolla en condiciones de evidente riesgo, difíciles, los trabajos son penosos y por consiguiente, requieren unas aptitudes psicofísicas adecuadas para su desempeño, incompatibles con los principales efectos del proceso natural de envejecimiento. Aspectos como la pérdida de fuerza, la disminución de la flexibilidad, la alteración del equilibrio, la disminución de la capacidad aeróbica, la modificación de la composición corporal o las alteraciones a nivel visual y auditivo, inciden negativamente en el índice de siniestralidad y mortalidad.
«El Parlamento Europeo va a votar una propuesta de nueva directiva para llegar a una normativa de obligado cumplimiento para los estados miembros las recomendaciones médicas», ha resaltado el portavoz socialista, quien ha añadido que los estados miembros deberán comprobar la vigencia y adecuación de sus normativas, los listados y la identificación de los puestos de trabajo más expuestos a riesgos.