La FeSP de UGT Ciudad Real anunció en el día de ayer la convocatoria de concentraciones y movilizaciones de los trabajadores de Correos en defensa de sus derechos laborales y del servicio postal universal que prestan a los ciudadanos, ya que, según han manifestado los representantes sindicales, ha empeorado en la última década por la falta de contratación.

El secretario del sector postal de la FeSP-UGT Ciudad Real, Félix García Serrano, ha denunciado el recorte sufrido por el presupuesto de Correos que pasó de 180 millones de euros en 2016 a sólo 57 millones en 2017, lo que ha llevado a que sus trabajadores no puedan cumplir con su obligación de repartir en todos los puntos de España todos los días laborables.

Asimismo, ha criticado la destrucción de 15.000 trabajadores desde 2008, de los que 150 afectan a la provincia de Ciudad Real, así como la implantación de un modelo de empleo precario que va en aumento con las contrataciones temporales y a tiempo parcial.

Ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno como del SEPI- de quien depende correos-, por la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado y 220 en la provincia de Ciudad Real, los representantes sindicales han anunciado un calendario de movilizaciones que se iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la huelga general si no se da respuesta  a unas  reivindicaciones que consideran fundamentales para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público.

Para solucionar la situación de Correos, García Serrano ha demandado un Plan Estratégico que incluya la modernización de esta empresa pública, la prestación de nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales debido al aumento de la paquetería y la recuperación de un Banco Postal para dar servicio a las pequeñas poblaciones. Un conjunto de medidas que supondrían una inversión de 230 millones de euros y que son necesarias para ofrecer un servicio de calidad, según establece la Ley postal.

A los recortes presupuestarios y la pérdida de derechos laborales ha sumado que su convenio colectivo está “paralizado desde el año 2014” lo que ha llevado a una gran sobrecarga laboral a los trabajadores, ya que la falta de personal hace que esta situación sea insostenible.

Por último han demandado que saquen todas las plazas que se han perdido, en vez de realizar contrataciones en “precario”, ya que cada año se jubilan entre 10 y 12 trabajadores y otros funcionarios se han cambiado a otras administraciones.