UGT pedirá modificaciones en la Normativa para acabar con la precariedad de la contratación en Sanidad
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha convocado a las organizaciones sindicales representativas del sector al Ámbito de Negociación. Ministerio y sindicatos no se reúnen en este foro desde octubre de 2015, y UGT ha demandado reiteradamente su convocatoria para abordar el problema de precariedad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del sector. La pertinencia de la reunión viene dada tras las sentencias dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y por el Tribunal de Justicia de Madrid, relativas a la Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP- referidas a los modos de contratación dentro de las Administraciones Públicas españolas.
La concatenación de contratos temporales en el sector sanitario constituyen, a juicio del Tribunal, un claro abuso de derecho, ya que eterniza la precariedad laboral, en contra de lo establecido en el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, aprobado como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 29 de junio de 1999.
Estas sentencias hacen necesario que las Administraciones lleven a un cambio en los criterios o políticas de contratación
Por lo tanto, UGT asistirá a la reunión del ámbito de negociación con dos premisas iniciales: modificar la normativa que ha dado cobertura a la precariedad dentro del Sistema Nacional de Salud y promover una Oferta de Empleo Pública suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades del sector. UGT insistirá en la necesidad de diseñar un plan de Recursos Humanos para ajustar las plantillas a las necesidades del Sistema. El objetivo es acabar con la bolsa de contratos temporales y la discriminación que sufren estos trabajadores con respecto a los que tienen plaza. La apuesta de UGT es, por tanto, que la Administración haga «recuento de necesidades» y actúe en consecuencia.
Gracia Álvarez, secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT, ha afirmado que “es inadmisible que la propia Administración, que debe dar ejemplo en su papel de empleadora, sea quien mantenga a 170.000 trabajadores en condiciones de precariedad” señala Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitarios de Dependencia de FeSP-UGT.