A punto de concluir la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, incumple el compromiso adquirido en la Mesa General de abrir un proceso negociador sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos. La Federación de Servicios Públicos de UGT inicia una campaña informativa para alertar sobre las materias excluidas por el Gobierno en los PGE del próximo año. La devolución de los días adicionales para el personal de la AGE y el reintegro de parte de la paga extra de 2012 no restituye ni la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la legislatura ni el deterioro de derechos a un nivel más amplio y que tienen consecuencias no solo en los trabajadores sino en el conjunto de los ciudadanos. El primer asunto es la defensa y la reivindicación de una pensión justa y equitativa para los empleados públicos:

Las congelaciones salariales y supresión de la paga extra de la presente legislatura, tienen una directa y negativa repercusión sobre las pensiones de jubilación. En un sistema contributivo, la cuantía de las pensiones depende de los salarios percibidos durante la vida laboral. Circunstancia que, junto al endurecimiento de los requisitos para causar derecho a pensión (incremento de la edad, ampliación del periodo de cálculo, revalorización), provoca que las pensiones permanezcan estancadas o disminuyan en la misma proporción que los salarios.

  • Esto supone que un empleado público que se jubile en 2015, vaya a percibir una jubilación de menor cuantía que otro que se jubiló en 2011 en la misma situación y condiciones (categoría, edad, años cotizados, etc.).
  • Con relación al Régimen Especial de Clases Pasivas, el haber regulador, que se toma como referencia para el cálculo de la pensión, se ha incrementado en menor proporción al que se venía produciendo antes del año 2011.
  • El Gobierno ha impedido las aportaciones a planes de pensiones complementarios de jubilación de los empleados públicos. Esto provoca que dichos planes estén menguando y registrando pérdidas alarmantes, ocasionando la percepción de cuantías irrisorias.
  • Los empleados públicos están excluidos de la jubilación anticipada parcial, tras su supresión de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico.

La Federación de Servicios Públicos de UGT remitirá una carta a los grupos parlamentarios para que se incluyan mediante enmienda en el protecto de presupuesto las siquientes cuestiones:

  1. Un incremento salarial superior al 1% previsto, que incida positivamente en la cuantía de la jubilación a percibir.
  2. Que las distintas Administraciones Públicas puedan realizar aportaciones a planes de pensiones de jubilación para sus empleados públicos.
  3. Se recupere la redacción original del artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recogía la jubilación parcial. Desarrollando y concretando el procedimiento para poder llevarla a cabo.