Lunes, 26 Abril 2021 11:40

Julio Lacuerda: «Nuestros retos son acabar con la temporalidad, una nueva estrategia para el sector sociosanitario y la digitalización de las Administraciones Públicas»

El Secretario General de FeSP-UGT ha presentado en rueda de prensa el Primer Congreso de la Federación, que se celebrará el 27 y 28 de abril en Madrid, con restricciones y todos los protocolos de seguridad que demanda la pandemia covid-19. «Nuestra organización, nuestra vida democrática exige una puesta a punto permanente; los órganos de dirección y las propias propuestas han de ser revisadas».

Lacuerda ha afirmado que este congreso tiene mucha trascendencia para la organización y también para el conjunto de la sociedad porque tiene que abordar aspectos muy importantes para nuestra vida pública en todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios. Hay también que hacer balance de las resoluciones del 43 congreso confederal, que redujo a tres las federaciones de la UGT.

«El congreso va a ceñirse de manera muy precisa, pasando de la denuncia a la exigencia, a analizar las consecuencias de los recortes en el deterioro de los servicios públicos, que se ha puesto de manifiesto en la pandemia. Los empleados y empleadas públicas son los primeros que han de establecer una especie de alianza con la ciudadanía. La ciudadanía sufre, y la pandemia lo ha evidenciado. Los servicios públicos son esenciales, mejoran la vida de las personas y las personas los necesitan para tener una vida digna. En este sentido el congreso ha de dar un paso más allá y exigir cambios de políticas en términos globales».

El Secretario General ha confirmado la necesidad de «embestir» el reto del empleo público en nuestro país, sujeto aún al Acuerdo 2018-2020 y por tanto ya fuera de vigencia. El Acuerdo, ha afirmado Lacuerda, se ha revelado insuficiente e ineficaz para resolver algunos de los graves y dramáticos problemas que tenemos, como el abuso de la temporalidad en la contratación. La Ley no se adecua a las necesidades de las Administraciones y a la naturaleza que el propio empleo público tiene.

Hay que afrontar las modificaciones legislativas necesarias a través del EBEP y otras normas aún en vigor para impedir el abuso sistemático de la temporalidad. Es un tema que ya nos ha afeado el Tribunal Superior Europeo, que advierte a España que este hecho lo sitúa fuera del marco normativo de la UE. Hay que impedir por ley que esto se pueda volver a producir y sea severamente castigado. Los que sufren esta consecuencia han de tener derecho a indemnización. Hay herramientas que se han demostrado sobradamente inútiles, como por ejemplo que en nuestro país no se haya hecho en una década una Oferta Pública de Empleo. La tasa de reposición parece diseñada para reducir el gasto público en materia de personal y responsable directa del aumento de la temporalidad.

Este congreso desarrollará también una estrategia amplia sobre el tercer sector y los servicios públicos emergentes: las condiciones laborales del personal sociosanitario y de dependencia no pueden esperar. Abordaremos también la necesaria digitalización y modernización de nuestras administraciones públicas, la formación y cualificación del personal que se enfrenta y se ha enfrentado ya a los nuevos retos que impone la situación laboral derivada de la pandemia.