UGT y CCOO exigen la inclusión del personal de Correos como colectivo esencial dentro de la estrategia de vacunación

Esta semana se ha conocido la nueva estrategia de vacunación del Gobierno, por la que los  colectivos de profesionales esenciales de hasta 55 años serán vacunados con AstraZeneca a  medida que vayan llegando dosis, de forma simultánea con los mayores de 80 años. Dentro de  este colectivo de servicios esenciales están incluidos: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado, incluidas las policías autonómicas y locales; el personal de emergencias, bomberos o  protección civil, agentes forestales, las Fuerzas Armadas y los docentes de infantil, primaria,  secundaria y los de educación especial.

Los sindicatos de Correos UGT y CCOO lamentan la exclusión del colectivo postal, tanto por la  profesionalidad e implicación demostradas a lo largo de toda la pandemia en la prestación del  servicio público postal, como por ser un colectivo laboral en contacto directo con la ciudadanía, a  la altura, si no más, que los colectivos a los que sí atienden como esenciales.

UGT y CCOO señalan que debido a la negligencia cometida por Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, al inicio de la pandemia promoviendo la no inclusión del servicio público postal que  presta Correos dentro de los servicios esenciales definidos en el RD de Estado de Alarma de 15  de marzo pasado, que ha lanzado señales equívocas al Gobierno para que este haya excluido al  Correo público de la agenda de vacunación de colectivos esenciales en nuestro país. En  consecuencia, el personal de Correos ve cómo aun teniendo que haber desarrollado la actividad  diaria en riguroso cumplimiento de la ley e incluso habiendo contribuido miles de ellos/as de forma  voluntaria a realizar labores solidarias -eso de lo que tanto presumió con orgullo el presidente  Serrano en prensa- ahora, se convierte en el colectivo de “los grandes olvidados”.

Cada día es más evidente, advierten UGT y CCOO, que el presidente Juan Manuel Serrano ha  estado más preocupado por ensalzar su imagen personal utilizando para ello al colectivo de  profesionales de Correos, que por realizar una buena gestión de la mayor empresa pública del  país, poniendo por delante la seguridad y la salud del colectivo. Lo lamentable de esta situación,  aseveran los sindicatos, es que, consecuencia de su minusvaloración del Correo Público y de  los/as profesionales que lo prestan, ha provocado que 55.000 trabajadores y trabajadoras que se  juegan día a día su salud por cumplir con un mandato legal, no sean vacunados por no ser considerados un colectivo esencial, como consecuencia de su negligente actuación desde los  inicios de la pandemia

La pasividad y la falta de adopción de medidas organizativas y preventivas adicionales para evitar  la masificación y hacinamiento que existe en muchos centros de trabajo, para corregir las  deficiencias de ventilación, y para realizar pruebas de detección donde se producen casos  positivos o para detectar asintomáticos, son las pruebas de que no se ha hecho “todo lo posible”  para proteger al colectivo frente al riesgo de contagios, como lo prueban los más de 13.000  trabajadores/as afectados hasta la fecha. Cifras que siguen situando a Correos como segundo  colectivo en afectación desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, solo superado por el personal sanitario.

Es evidente que el presidente Serrano sigue en su carrera de colocar al Correo público en la  rampa de la privatización futura, y de minimizar y achicar el espacio público de la compañía  pública, contribuyendo de una forma inaceptable e interesada a emitir una imagen de empresa  paquetera y logística, sin más, diluyendo el papel de servicio esencial que juega para el conjunto  de la ciudadanía y contribuyendo de forma irresponsable a dejar al colectivo postal fuera de la  estrategia de vacunación del Gobierno.

UGT y CCOO han vuelto a exigir al Gobierno que incluya a los más de 55 mil trabajadores/as en  dicha estrategia con el fin de garantizar que la prestación del servicio público encomendado se  preste con total garantía y seguridad para los empleados/as públicos postales y, por extensión,  para el conjunto de la ciudadanía a la que se deben.