Las empleadas y empleados públicos de Seguridad Social reclaman más recursos y denuncian el abandono al que se han visto sometido en los últimos años. En esta línea, FeSP-UGT se ha dirigido a Tomas Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, para reclamar medidas integrales que solventen la falta de recursos que sufre este colectivo.

En los últimos tiempos existe una creciente y justificada preocupación entre los partidos políticos y la ciudadanía sobre el futuro del sistema pensiones. UGT ha planteado diferentes propuestas para atajar el problema y encontrar soluciones a la merma de recursos. Además, los representantes de los trabajadores consideran fundamental poner el foco de preocupación en el colectivo de empleados que se encargan de recaudar las cuotas y pagar  las prestaciones.

Actualmente, la falta de oferta de empleo público suficiente, la tasa de reposición injustificada y el envejecimiento de la plantilla han ocasionado una escasez de recursos humanos que ha obligado, en algunos casos, al cierre oficinas y, en otros a privatizar para poder seguir prestando un servicio que, desde UGT, tememos que pueda colapsar en breve si no se toman medidas.

Hasta el momento, el objetivo de los gestores ha sido mantener la calidad en la atención al público sin acometer medidas estructurales, poniendo parches que, en un espacio de tiempo breve, no serán suficientes y podría colapsar el servicio.

FeSP-UGT ha cuantificado la pérdida de empleo en el sector de unos mil puestos de trabajo, sólo en el año 2015, a este problema se suma la avanzada edad de la actual plantilla, donde más de la mitad ronda los 55 años, por lo que las jubilaciones en los próximos años serán muy abundantes .

La falta de ordenación de esos Recursos Humanos de la Seguridad Social, sin modificar desde hace décadas  hace que la gestión se mantenga gracias al voluntarismo y la responsabilidad de los trabajadores y trabajadores que, con ello suplen, el abandono de responsables políticos del sistema. A estos problemas se suman irregularidades en la provisión de puestos, recortes en los presupuestos de Acción Social y Formación y oscurantismo en materia retributiva.