La Unión General de Trabajadores reclama un Pacto de Estado por la Justicia, con la aportación de organizaciones políticas, sindicatos y Gobierno, que garantice un sistema sostenible, eficiente y útil para todos los ciudadanos. El sindicato reclama como elementos fundamentales de ese pacto una mayor independencia de la acción judicial, financiación suficiente para situarnos en la media europea, igualdad judicial para todos y una mejor organización judicial, adaptándola a las necesidades del siglo XXI. Solo así conseguiremos una justicia rigurosa, exigente y de calidad, con procedimientos que garanticen igualdad de manera efectiva y real y constituir así un sistema democrático y eficaz.

La Unión General de Trabajadores reclama un Pacto de Estado por la Justicia con el fin de conseguir una administración bien dotada, útil y que asegure una respuesta rápida y de calidad a las demandas de tutela judicial que plantea la ciudadanía.

La administración de justicia española merece un serio esfuerzo de modernización. La dilación en la respuesta judicial tiene mucho que ver con la insuficiencia de recursos y con la ineficiente organización judicial. Se ha producido un importante deterioro del sistema desde hace unos años, que ha supuesto el recorte y la merma de derechos fundamentales para los ciudadanos.

La justicia puede y debe modernizarse igual que las demás administraciones públicas, pero para ello es preciso inversión y organización eficiente. Para UGT, resulta necesario un esfuerzo de consenso entre el Gobierno y organizaciones políticas y sindicales, que cristalice en acuerdos que permitan una reforma real, eficiente y con una dotación presupuestaria suficiente, que supere los endémicos déficits que padecen juzgados y tribunales. Nuestro país se merece una administración de justicia moderna, accesible, que asegure una respuesta, en tiempos, razonable manteniendo los niveles de excelencia que los ciudadanos merecen.

Para el sindicato, esta reforma debería garantizar como elementos fundamentales:

– Independencia de la acción judicial. Es necesario reforzar la acción del Consejo General del Poder Judicial. Su esencia es garantizar la independencia judicial y su diseño debe apostar por decisiones colegiadas y adoptadas de forma transparente, con el fin de que el organismo se convierta en el principal defensor de los que denuncian la corrupción en nuestro país.

– Financiación suficiente. Existe un problema de inversiones desde hace años en el sistema. Por ello, UGT propone aprobar un plan decenal de inversiones, prorrogable, que asigne a la Administración de justicia un punto por encima de la media europea hasta que podamos situarnos a niveles que garanticen que todos los ciudadanos tendrán a su disposición juzgados y tribunales suficientemente dotados y resolutivos. Involucrar a la UE.

Además, hay que incrementar el número de jueces en nuestro país, creando, al menos 150 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, ya que estamos por debajo de la media europea; un plan de actualización de los edificios judiciales, para conseguir no solo instalaciones dignas, sino que respondan a las necesidades del siglo XXI; y una auténtica modernización del expediente judicial.

-Igualdad judicial para todos. UGT reclama un sistema procesal que evite la generalizada convicción de que se trata de forma diversa a unos ciudadanos que a otros. Para ello, hay que defender la jurisdicción como garantía de los ciudadanos. Este pacto debe reclamar que los acuerdos comerciales, como el TTIP o el CETA, renuncien a la posibilidad de control jurisdiccional de los litigios transfronterizos, en beneficio de tribunales arbitrales de discutible legitimidad.

Debe promoverse, además, una mayor cooperación de los juzgados y tribunales nacionales con los comunitarios, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; volver a impulsar la Corte Penal Internacional; e implementar ya la ley procesal penal, que es la única norma procesal que está pendiente de una regulación posterior a la Constitución.

Además, hay que reformar el sistema de Justicia Gratuita, ampliando el ámbito de su reconocimiento, incrementando los umbrales para facilitarla y extendiendo sus previsiones a toda clase de víctimas.

–Una mejor organización judicial. Los problemas de la administración de justicia provienen, también, de una inadecuada organización. El sistema basado en órganos individuales, separados entre sí y que se comunican mediante formularios, es totalmente obsoleto. Por ello, UGT propone, por ejemplo, que el Tribunal Supremo homogenice el tamaño de las Salas, absolutamente desproporcionado en una jurisdicción, la contencioso-administrativa, cuya litigiosidad no justifica. El sindicato entiende también que las atribuciones de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia deben incrementarse.

En el caso de órganos unipersonales, debe tenderse a la implantación de un sistema de tribunales de instancia que facilite la actividad judicial, siempre respetando las exigencias de independencia e inamovilidad.

Todo ello con el fin de evitar la precarización judicial que se ha producido en los últimos años, fruto de la falta de actualización de la planta judicial. Por ello, ha de protocolizarse la carga de trabajo asumible por quienes ejercen la jurisdicción. No tiene sentido niveles de exigencia que propician enfermedades y bajas laborales.

El pacto para mejorar la situación de la Administración de Justicia tiene que conducir a un servicio público que asegure calidad en la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los ciudadanos han de percibir los tribunales como una garantía de sus derechos, una referencia a la que acudir si perciben abusos o arbitrariedades.

Para UGT, hay que garantizar información suficiente sobre cómo proceder, la forma de obtener asistencia, los derechos de que se dispone, la accesibilidad al procedimiento, y los recursos y remedios procesales que les asisten en cada caso.

Todo ello con el objetivo de alcanzar una organización judicial rigurosa, exigente y de calidad, con procedimientos que garanticen igualdad de manera efectiva y real y constituir así un sistema democrático y eficaz.