UGT pide a Justicia horarios especiales para funcionarios que han recibido quimioterapia
La resolución, de noviembre de 2015, dicta instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos a los empleados judiciales.
El texto de esta Resolución se acordó en el ámbito de negociación de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, de la que forman parte los sindicatos más representativos en la función pública ( UGT, CC.OO. y CSIF), sin que el Ministerio de Justicia y las CC.AA lo hayan trasladado a la normativa de aplicación a los funcionarios judiciales hasta el momento, según denuncia el sindicato en una nota.
La mayor flexibilidad de jornada pasa por permitir que los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo, al finalizar un tratamiento de radioterapia, quimioterapia u otros tratamientos de especial gravedad, puedan solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria.
Esta adaptación, además, debe poder extenderse hasta un mes desde el alta médica y afectar hasta un 25 por ciento de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo.
También se accede a la posibilidad de ampliar un mes más dicha situación, cuando el empleado público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia y a los procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad.
Por otro lado, la medidas pasan ampliar la jornada de verano a los empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año, pudiéndose ejercer también ese derecho en el año en el que el menor cumpla la edad de 12 años.
La jornada de verano ordinaria, regulada en norma estatal y de aplicación a todos los funcionarios judiciales, se inicia el 16 de junio y finaliza el 15 de septiembre
Desde UGT consideramos una discriminación injustificada que no se aplique al personal de Justicia, pues está dirigida al conjunto de los empleados públicos estatales, los funcionarios judiciales lo son.