UGT traslada al Gobierno las prioridades de los empleados públicos para negociar un nuevo acuerdo

El Ministerio presenta un calendario negociaciones en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha trasladado las prioridades del sindicato en materia de negociación a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, durante su intervención, ha señalado que la negociación de un nuevo acuerdo para las empleadas públicas debe iniciarse inmediatamente después de que finalice el trabajo de la la Comisión de Control de anterior, cuya próxima reunión, según el calendario que ha fijado la Administración, será este mismo junio.

El sindicato ha planteado tres objetivos principales en la negociación. El primero es la defensa de los Servicios Públicos, garantes del bienestar y la seguridad de la ciudadanía, como se está demostrando en la crisis del Covid-19. El segundo punto primordial es la mejora del empleo público. En esta materia, UGT incide en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad; eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar situaciones de abuso de la temporalidad. Además, se debe apostar por la regulación de herramientas como el teletrabajo. El Tercer elemento fundamental es mejorar las condiciones laborales y recuperar derechos.

Durante el mes de julio se llevarán a cabo las conversaciones para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público. Su desarrollo es fundamental, ya que bajo su amparo deben deben tratarse cuestiones como la Ley de la Función Pública de la AGE, postergada durante más de una década, lo que ha provocado desigualdades entre los trabajadores de ésta con respecto a otras administraciones. Será en el mes de septiembre cuando comenzará la negociación del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.