La Encuesta de Condiciones de Vida del INE vuelve a constatar las consecuencias de las políticas de recorte impuestas por el Gobierno del PP en los últimos años y que ha ocasionado un deterioro generalizado en todos los servicios sociales. A pesar del crecimiento económico, el Ejecutivo sigue obviando las necesidades sociales, un ejemplo claro es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el ámbito de la Dependencia. Pese a que hay muchas más personas que necesitan ayuda, más allá de las que reconoce la propia Ley de Dependencia, el Gobierno ha endurecido y recortado esta norma, lo que ha provocado que incluso se siga sin cubrir las necesidades de los dependientes reconocidos.

La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE, señala que tres de cada diez hogares (30,8 por ciento) con personas dependientes, en España, que necesitaron cuidados a domicilio en 2016 no tuvieron cubierta esta necesidad y la razón en el 69,3 por ciento de los casos fue porque no podían permitírselo. Esto no es más que la punta de un iceberg de las consecuencias de las políticas de recorte en el ámbito de los servicios sociales.

UGT recuerda que es obligación de las Administraciones Públicas garantizar la protección a todas las personas para lo que se requiere una financiación suficiente y los recursos humanos y económicos necesarios.

Los servicios sociales no pueden ser un ente aislado, sino que deben estar integrados en las diferentes áreas y trabajar coordinadamente en la resolución de problemas, con técnicos de diferentes perfiles y especialidad. Es la mejor manera de atajar los problemas y las desigualdades en su origen. Éstos deben contemplarse como un derecho subjetivo, de carácter universal, con garantía de equidad, eficiencia, suficiencia y condiciones básicas de acceso a las prestaciones y servicios, respondiendo así a las necesidades de la población y contribuyendo a una mayor cohesión social y territorial.

No hay que olvidar que los Servicios Sociales se han convertido en un instrumento imprescindible a la hora de analizar el grado de desarrollo de una sociedad. Abarcan desde las políticas de protección social y derechos sociales, incluido el Sistema de Atención a la Dependencia hasta las políticas de inclusión social, totalmente necesarias para el sostenimiento de una sociedad, como el paraguas imprescindible para proteger a los ciudadanos ante la falta de empleo, instrumento básico para evitar la exclusión social
Ante la dispersión de normativa existente en materia de servicios sociales y teniendo en cuenta la configuración de nuestro Estado de Autonomías, reivindicamos la creación de una ley reguladora específica de los servicios sociales, que configuren el papel del Estado de bienestar, estableciendo el contenido mínimo de los mismos y respetando las competencias autonómicas.

El contenido básico debe basarse en:

• Garantizar la protección de los servicios sociales a todos los ciudadanos como un nuevo derecho subjetivo de protección social universal.

• La regulación de las prestaciones de los servicios sociales con una red de servicios en todo el Estado coordinada y gestionada entre todas las Comunidades Autónomas.

• La creación del Sistema Público de Servicios Sociales que ordene los recursos de las Administraciones.

En definitiva, UGT defiende un Sistema Público de Servicios Sociales, en el que la protección social forme parte de un sistema integrado, una atención profesionalizada y sujeta a los mayores estándares de calidad; cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos sociales, con la máxima equidad, efectividad y eficiencia.

El sindicato insta a las Administraciones publicar a configurar políticas de inclusión social que garanticen los recursos necesarios a aquellos que lo necesiten, abarcando prestaciones en servicios sociales, económicas y protección jurídica.