UGT, junto a los sindicatos más representativos en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud, ha remitido una carta al Secretario General de Sanidad y Consumo donde le pide convocar este órgano, inmediatamente, para revisar el Estatuto Marco y corregir la excesiva precariedad del Empleo Público en el sector sanitario. Gracia Álvarez, secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT, ha señalado que es inadmisible que se mantenga a cerca de 170.000 profesionales del sector sanitario en la precariedad y sea la Administración quien lo fomente.

CCOO, UGT, FSES Y CSI-F consideran fundamental revisar esta norma y cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad pública.  Estos sindicatos ya habían alertado reiteradamente de la situación actual de precariedad en el Empleo Sanitario Público y el abuso que se estaba cometiendo en la concatenación de contratos en las distintas Administraciones Públicas.

Por ello, exigimos la modificación del Estatuto Marco para, por un lado, generar una nueva situación administrativa, similar a la existente en la relación laboral, para los Empleados Públicos, como es la de laboral indefinido no fijo, así como establecer una indemnización en caso de cese y evitar así, la discriminación que se produce entre la contratación de empleo público y la que se produce en el sector privado.

Asimismo, para poder cumplir con lo dictado en las sentencias, Función Pública tendrá que modificar leyes básicas que impiden:

1- Generar nuevas plazas vacantes, en las que se tendrían que convertir los actuales eventuales estructurales, que como su propio nombre indican, no cubren necesidades temporales o esporádicas sino que vienen a cubrir necesidades de plantilla

2- Eliminar las tasas de reposición y convocar ofertas públicas de empleo, en las distintas Administraciones Públicas y con ello dotar de estabilidad al conjunto del empleo público.

 Lo que ha dejado claro la sentencia es que las distintas Administraciones Públicas vienen incumpliendo la Directiva 1999/70/CE, Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, Cláusulas 5 y 8 y con ello abusando de la precariedad del empleo público con una excesiva concatenación de contratos, mantenidos durante largo tiempo.