Según Luis Manuel Monforte, Secretario Regional para el Sector Autonómico de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, durante los años 2013 y 2014 en Castilla-La Mancha se cerraron o privatizaron las residencias universitarias y la mayoría de residencias escolares (Residencia Escolar “IES Juan de Valdés”, residencias universitarias “María de Molina”, “Juan Giménez Aguilar”, “Alonso de Ojeda” y “Bartolomé de Cossío”, en la provincia de Cuenca, las residencias universitarias de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y las residencias escolares de los centros “Nuestra Señora de las Nieves” de Albacete, Centro de Educación Especial “Cruz de Mayo” de Hellín y del I.E.S. “Virgen de las Cruces” de Daimiel), lo que derivó en el cambio de puesto de trabajo y  condiciones laborales de unos 207 empleados públicos (localidad de destino, centro de destino, tipo de jornada laboral y distribución de la jornada laboral), algunos de los cuales no recibieron por aquella administración la compensación legalmente establecida.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, según Monforte, ha estado trabajando desde entonces con sus servicios jurídicos para defender los derechos de estos trabajadores, y ha sido recientemente cuando este sindicato ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha establezca de forma clara y rotunda el criterio a seguir, determinando que los empleados públicos afectados por planes de recursos humanos deben seguir percibiendo sus retribuciones íntegras, independientemente de que estas sean fijas o variables. Sentencias (01604/2016, 01590/2016 y 01578/2016).
Según el sindicato las últimas sentencias de los juzgados de lo social están reproduciendo literalmente la doctrina expresada por el TSJ-CLM (sentencias 116/2017, 117/2017, 119/2017, 121/2017), lo cual ha motivado a UGT a entablar negociaciones con la Administración Regional para evitar que los trabajadores y trabajadoras, al calor de las sentencias judiciales tengan la certeza de que tienen derecho a una recuperación salarial, y para ello deban iniciar procesos judiciales.

En lo que Monforte no ha dudado en calificar como “un gran gesto de buena voluntad por parte del gobierno castellano-manchego que los trabajadores agradecen y que pone fin a lo que para algunos ha supuesto un calvario de años”, se materializa el éxito de años de trabajo de esta organización defendiendo los derechos de estos empleados públicos, gracias a que el gobierno regional acepta actuar de oficio reparando los derechos económicos de todos los afectados, independientemente de que hubieran iniciado o no procesos judiciales, independientemente del estado de tramitación de los mismos, independientemente de la causa que motivara el detrimento económico.

Concluye Monforte, “una reparación de derechos que va mucho más allá de la gran repercusión que hoy tiene para los trabajadores y trabajadoras afectados, ya que marca el camino a los gestores de las administraciones públicas en materia de gestión de recursos humanos, y que nos anima a seguir defendiendo las condiciones de trabajo y derechos de nuestros compañeros, por muchos sacrificios que haya que hacer durante estos tediosos procedimientos”.